EU insiste en pedir que se investigue a un excargo de Fomento por el Plan Rabasa

El que fuera jefe de la Unidad de Carreteras del Ministerio de Fomento en Alicante, Emilio José Peiró, ha salvado, por el momento, su imputación en el 'caso Rabasa'. En esta pieza separada de la investigación del 'Brugal' el Juzgado de Instrucción número 6 de la capital alicantina indaga en la tramitación del Plan Parcial del Ayuntamiento que permitió la instalación de Ikea en la ciudad y la construcción de más de 13.000 viviendas a Enrique Ortiz. En esas lides, el Grupo de Blanqueo de Capitales de la UDEF de la Policía Nacional sitúa al excargo de la etapa de Rodríguez Zapatero en el Gobierno central como uno de los colaboradores del conocido empresario.

Esquerra Unida del País Valencià (EUPV) solicitó la imputación del responsable de Fomento en la denuncia por estos hechos presentada en el año 2012 que dio pie a las diligencias que se siguen desde entonces. De hecho, el anterior juez instructor llegó a citar a Peiró para declarar el 29 de octubre de 2014. Aquella citación quedó en suspenso hasta hoy y por el Palacio de Justicia han desfilado otros acusados de prevaricación y tráfico de influencias como la exalcaldesa del PP de Alicante Sonia Castedo, Ortiz y varios jefes de Urbanismo del Consistorio alicantino.

La formación de izquierdas ha reiterado su petición para que se investigue (término que sustituye a la imputación) a Emilio José Peiró en la causa, según las fuentes consultadas jurídicas consultadas por este diario. Las sospechas de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de Alicante son más que fundadas, pues cuenta con intervenciones telefónicas en las que Enrique Ortiz y Carlos Parodi conversan sobre cómo los informes de Carreteras le van a ser favorables.

El empresario investigado sabe del resultado del dictamen supuestamente porque es el cargo de Fomento quien se lo revela. «Le he dado a Emilio Peiró dos pases para la mascletá esta», le dice Parodi al presunto corruptor, «para que sepas tú que lo tenemos contento porque luego nos puede echar una mano», continúa en la misma conversación.

Por el momento, el instructor no se ha pronunciado sobre la diligencia requerida por EUPV.

Mientras, en el mismo pasillo del Palacio de Justicia, el juez de Instrucción 5 tiene sobre la mesa la petición de un nuevo sobreseimiento para uno de los acusados por la pieza del 'caso Brugal' que afecta Plan General de Ordenación Urbana. El empresario arrepentido, Ricardo Fuster, ha solicitado quedar fuera del asunto. El industrial solicita su archivo después de declarar frente al juez Manrique Tejada que cogió un sobre con 36.000 euros de manos de un empleado de Ortiz para abonar parte del viaje en jet privado que el exalcalde del PP de Alicante Luis Díaz Alperi disfrutó en Creta con la también edil Sonia Alegría.

Además, Fuster se vio las caras con el delegado del emporio de Ortiz en Valencia, Pedro Muguruza, quien negó el encuentro.