El PP valenciano sigue adelante con la expulsión de los nueve concejales

La suspensión cautelar de militancia dictada por Génova el pasado lunes de Pascua para los nueve concejales del PP en el Ayuntamiento de Valencia, imputados por blanqueo, no frena el proceso de expulsión puesto en marcha por la dirección regional del partido. Luis Santamaría, presidente de la gestora del PP en la ciudad de Valencia, habló en nombre de la cúpula popular autonómica para advertir de que la decisión de Génova no pone palos en las ruedas al objetivo de Isabel Bonig, la presidenta del PPCV, que es recuperar las nueve actas de concejal en el Ayuntamiento de Valencia o, en su defecto, que estos regidores investigados abandonen el grupo municipal -ahora forman parte de él como independientes- y pasen al grupo de los no adscritos.

«Lo que está sucediendo simplemente es un trámite dentro del expediente informativo abierto por la dirección nacional del partido. El primer paso es la suspensión de militancia a petición propia», dijo Santamaría, que indicó, a renglón seguido que la carta certificada enviada a los nueve concejales populares -el décimo, Eusebio Monzó, no está investigado- el martes de la semana pasada, les llegó ayer y los diez días de plazo que les da Bonig en esa misiva para que retornen las actas empiezan a descontarse desde hoy. El plazo vence el próximo 13 de abril. No cuentan ni fines de semana ni festivos.

A la dirección regional le gustaría que se resolviera el conflicto a buenas: que los concejales devuelvan el acta al partido o se marchen, motu proprio, del grupo municipal y se integren en el de los no adscritos.

¿Cómo se va a resolver esta situación? Está en las manos de Génova desde hace semanas. Desde que se desató la Operación Taula el 26 de enero y el juez que instruye el 'caso Imelsa', días más tarde, imputó a todos los concejales del grupo municipal menos a uno, el independiente Eusebio Monzó, por blanqueo de dinero para utilizarlo en la campaña electoral de los comicios del 24 de mayo de 2015.

En la calle Quart están a la espera de que transcurran lo más rápidamente posible los 10 días que ha dado Bonig a los nueve concejales para que reflexionen y dejen libre el acta. Porque ese era el acuerdo alcanzado por la propia Bonig y los nueve concejales imputados el pasado 15 de febrero. «Asumieron un compromiso» ante la presidenta regional del PP por el que si una vez alzado el secreto de sumario continuaban en su condición de investigados «renunciarían a sus actas de concejales». Eso no se produjo el mismo 14 de marzo, cuando se levantó el secreto de sumario. Bonig esperó justo una semana para remitirles la carta recordando a los ediles ese «compromiso». El billete ha llegado a manos de los concejales siete días después de remitirlo.

Habrá transcurrido un mes desde que se levantara el secreto de sumario hasta que se cierre el plazo de la misiva para que los nueve regidores, ahora independientes, respondan «al compromiso» que les demanda la regional del PPCV. Si se cierra este periodo sin que los regidores hayan cumplido aquel acuerdo -los ediles niegan que existiera-, la dirección regional les acusará ante Génova de «indisciplina», una «falta muy grave», dentro de los estatutos populares, por lo que el comité nacional de Derechos y Garantías les puede expulsar del partido.

Y con la expulsión de los concejales en el bolsillo, el PPCV sólo tiene que comunicarla al alcalde de Valencia para que éste los mande al grupo de los no adscritos.

La decisión de suspender cautelarmente de militancia a los nueve ediles y convertirlos en independientes ocasionó múltiples reacciones. El presidente nacional del PP, Mariano Rajoy, si bien dijo que no sabía si el partido había pedido a los concejales el acta -Luis Santamaría lo disculpó al afirmar que el presidente está en asuntos de gobierno-, indicó en Onda Cero que espera que los tribunales acaben resolviendo que «no ha habido nada» en el 'caso del blanqueo' y los concejales investigados «puedan volver» a la disciplina del PP.

El portavoz nacional del PP, Pablo Casado, mostró el «respaldo absoluto» a Bonig y al resto de la dirección regional y puso énfasis en que «no se va a tolerar ninguna conducta irregular», al margen de asegurar que el PP expulsará a concejales y asesores si se abre juicio oral.

Pedro Sánchez, líder del PSOE, dijo que es «una gran hipocresía» que el PP suspenda de militancia a concejales y asesores «pero mantenga de senadora a la exalcaldesa, Rita Barberá».

Para el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, lo que ha ocurrido con estos ediles «es una posición un tanto cínica, porque se mantienen dentro del grupo popular».

Y el alcalde, Ribó, consideró «muy extraño que la suspensión no afecte a Barberá». Citó la película «'El Gatopardo': cambia algo para que todo siga igual. Es la mejor descripción».