Enrique Ortiz confiesa la financiación irregular del PPCV para evitar la cárcel

Enrique Ortiz no es un empresario cualquiera en la Comunitat Valenciana. El dueño de la constructora Enrique Ortiz e Hijos Contratistas de Obras, del Grupo Cívica, omnipresente sobre todo en Alicante, ha sido uno de los hombres más beneficiados por obra pública durante los años de 'vacas gordas'. Ahora se ha convertido en el primer empresario que reconoce ante un juez pagos para la financiación irregular de un partido, en su caso el PP de la Comunitat Valenciana.

Expresidente del Hércules Club de Fútbol -al que aún sigue vinculado en la sombra- e imputado en tres piezas del 'caso Brugal', incluida la trama de los servicios de basuras en municipios de la de la Vega Baja, por la que se enfrenta a 17 años de cárcel, Ortiz es el prototipo de empresario cuyo silencio sirvió de parapeto para muchos de los procesados en la ramificación del 'caso Gürtel' en Valencia. En concreto, en la pieza de la supuesta financiación irregular del PP valenciano durante la presidencia de Francisco Camps, unos hechos que la Audiencia Nacional llevó a juicio oral en febrero pasado.

Sin embargo, pocos acusados se podían imaginar que Ortiz, este prohombre de la burbuja inmobiliaria, iba a confesar sus pecados ante el juez. Un cambio radical de estrategia con respecto a la fase de instrucción, donde no ofreció colaboración alguna. Pero como suele ocurrir entre los investigados por corrupción que tienen ante sí un 'Everest procesal', decidió cambiar de idea ante la inminencia del momento de la verdad, el juicio oral con una petición de cuatro años de prisión.

En un escrito de solo tres hojas conocido ayer, pero que fue remitido el pasado martes por el bufete Francisco Ruiz Marco al Juzgado Central de Instrucción número cinco de la Audiencia Nacional, Ortiz y su número dos en la empresa, el también procesado José Francisco Beviá, confesaron haber financiado de forma irregular al PPCV para la organización de la campaña de las elecciones generales de 2008. No obstante, el documento llevaba gestándose desde hace semanas, según detallaron las fuentes jurídicas consultadas.

«Mostramos nuestra conformidad con los hechos descritos por las acusaciones, pública y popular», como reza al inicio del documento al que ha tenido acceso este diario, «en la conclusión primera de sus respectivos escritos».

Solicitaron, además, que les rebaje sustancialmente la pena pedida por las acusaciones al haber reconocido los hechos. Se trata del primer caso de un empresario del 'caso Gürtel' que confiesa los hechos para evitar la cárcel.

Seis actos

Ortiz y Beviá, representado este último también por un letrado alicantino, Ignacio Gally, mostraron su conformidad con los indicios descritos por la Fiscalía Anticorrupción y el PSOE de la Comunidad Valenciana, personado como acusación popular, y reconocieron haber abonado 348.115 euros a los populares con ocasión de aquella campaña. Admitieron que una de las firmas de la trama Gürtel, Orange Market, elaboró distintas facturas fraudulentas que suponían la prestación de servicios por parte de su compañía para dar cobertura «formal» a esas entregas.

La Fiscalía Anticorrupción solicitó para Ortiz una pena de cuatro años de prisión por delitos en las cuentas electorales y falsedad en documento mercantil. En su escrito de defensa, el constructor de 56 años reclama que se le condene a 15 meses de cárcel y una multa de 31.200 euros. Recuerda para ello, además, que ya ha ingresado 40.133 euros el pasado 10 de marzo conforme a la responsabilidad civil impuesta por el juez instructor José de la Mata en caso de que acabe siendo condenado. Además, ambos empresarios suplican al juez que suspenda las penas privativas de libertad.

Anticorrupción, con la que ahora pacta Enrique Ortiz, sostuvo en su escrito de acusación que la trama Gürtel confeccionó a favor de su sociedad seis facturas sospechosas entre el 1 de abril de 2008 y el 31 de diciembre de 2008. La primera tenía como concepto el nombre de «mus» (31.784 euros), la segunda «feria 2007» (84.100), la tercera «acuerdo de colaboración» (58.000), y las dos últimas se referían a «trabajos primer semestre» (20.752) y «trabajos primer trimestre» (17.890).

Los dos acusados se encuentran entre las 20 personas que se sentarán en el banquillo en los próximos meses por financiar de forma irregular al PP de la Comunidad Valenciana en las campañas de las elecciones autonómicas y municipales de 2007 y las generales de 2008. En el procedimiento están cinco ex altos cargos de la formación política, entre ellos el que fuera secretario general Ricardo Costa y el exvicepresidente de la Generalitat Vicente Rambla.

El entonces número tres de la formación valenciana, David Serra, también deberá sentarse en el banquillo de los acusados. Es precisamente con este cargo popular con quien Ortiz entabla un nexo entre la capital de la Comunitat y la provincia de Alicante. De hecho, obran en el sumario de la causa conversaciones en las que ambos se conjugan para buscar apoyos para supuestamente beneficiar al promotor con unas «obritas».

Del mismo modo, se puede escuchar, en un tono distendido, cómo Serra se preocupa por que el hombre fuerte en Alicante tenga bien controlado «todo lo de las facturas».