Anticorrupción acepta rebajar la petición de pena a Enrique Ortiz por su confesión

Las negociaciones para que el empresario Enrique Ortiz dejase al descubierto la presunta financiación ilegal del PP de la Comunitat Valenciana fueron arduas. Sin embargo, solo unas horas después de que la defensa del investigado por entregar casi 350.000 euros al partido para la campaña de las elecciones generales admitiese el delito, la Fiscalía Anticorrupción presentó un escrito aceptando las condiciones del reo por su confesión, tal y como informaron las fuentes consultadas por este diario. Es decir, que el mismo martes pasado, el Ministerio Público acordó rebajar su petición de cuatro años a quince meses de prisión por falsedad en documento mercantil y delito electoral y el pago de 40.133 euros para hacer frente a las responsabilidades civiles que dictaminó el juez José de la Mata en su auto de apertura de juicio oral.

Está todavía por ver si la acusación popular, que ejerce el PSPV, se sumará a los términos del pacto alcanzado entre la acusación pública, el constructor alicantino y su representante en Valencia, José Francisco Beviá, o por el contrario reclamará penas más duras. Hasta ahora, desde las filas socialistas solo se han pronunciado para hacer hincapié en que los escritos que están presentado Ortiz y otros empresarios asumiendo que financiaron ilegalmente campañas electorales del PP en la Comunitat Valenciana son la prueba definitiva de este delito por parte del partido.

Que cunda

Entretanto, la Fiscalía Anticorrupción aguarda a que otros de los empresarios involucrados en la trama de la 'Gürtel' sigan el ejemplo del que fuera dueño del Hércules CF y acepten sus delitos a cambio de una rebaja similar en la condena.

Además de Enrique Ortiz e Hijos Contratistas de Obras SA, firmas como Piaf SL, Facsa, Hormigones Martínez, Lubasa, Sedesa y Padelsa figuran como colaboradoras en las campañas de los populares en 2007, en este caso en las elecciones autonómicas, así como en las generales del año siguiente. Todas ellas suman pagos que se acercan a los 900.000 euros y que si se añaden a las aportaciones de Ortiz para financiar al PPCV superan la barrera del millón, según las acusaciones.

Ortiz reconoció que financió de forma ilegal al PP en la campaña de las elecciones generales de 2008 a través de pagos ficticios a la empresa de la red Gürtel en Valencia Orange Market en su escrito de defensa presentado el pasado martes tras la decisión del juez de la Audiencia Nacional José de la Mata de abrir juicio oral a 20 acusados, entre ellos cinco excargos del PPCV como Ricardo Costa, Vicente Rambla o David Serra, por delito electoral y falsedad en las elecciones autonómicas y municipales de 2007 y las generales de 2008 y por delito fiscal.

En ese escrito, el constructor manifiesta estar «conforme» con las acusaciones contra él y solicita que se le rebaje a 15 meses la pena de cuatro años de cárcel que pedía para él la Fiscalía mediante la aplicación de la atenuante de «confesión tardía», reducción que el Ministerio Público ha aceptado.

En cuanto a las responsabilidades civiles que se le reclaman en esta causa, la defensa de Ortiz, que está además imputado en tres piezas del 'caso Brugal' -las relacionadas con tramas de presunta corrupción en torno a la recogida de basuras en la Vega Baja, el urbanismo en Alicante (caso que propició la dimisión de la alcaldesa popular Sonia Castedo) y el plan Rabasa- recuerda que ya ha abonado los 40.133 euros que le requería el juez en el auto de apertura de juicio.

En su escrito de acusación, con el que ahora se muestra «conforme» Enrique Ortiz, la Fiscalía sostiene que el constructor «abonó una parte de los gastos del PPCV con ocasión de la campaña de las Elecciones Generales de 2008» con 348.115 euros. «Para dar cobertura formal a esas entregas, Orange Market S.L. elaboró diversas facturas que suponían la prestación de servicios por su parte a la sociedad Enrique Ortiz e Hijos Contratista de Obras», concluye Anticorrupción.

En esta causa, la Fiscalía pide para los cinco excargos del PP valenciano siete años y 9 meses de cárcel, en el caso de Ricardo Costa, Vicente Rambla, Cristina Ibáñez y David Serra; y 6 meses y 650 euros de multa para Yolanda García, así como multas que ascienden a 6.600 euros.

El núcleo de la trama

Entre los veinte acusados figuran además responsables de empresas y trabajadores de la trama Gürtel como el presunto cabecilla Francisco Correa, Pablo Crespo, el propietario de la empresa Orange Market, Álvaro Pérez Alonso 'El Bigotes', y José Ramón Blanco Balín, exvicepresidente de Repsol.

Según explica De la Mata, la investigación de todos estos años permite concluir la existencia de una forma de pago de carácter dual por parte del Partido Popular valenciano, abonándose parte con dinero oficial (denominado Alicante en algunas conversaciones y documentos) y otra parte presuntamente en dinero «con fondos ajenos al circuito económico financiero oficial (dinero en B denominado Barcelona; estas cantidades engrosarían la denominada Caja B de Orange Market y la del grupo)». El juez cree que los miembros del PPCV imputados contrataron a Orange Market «con el propósito de obtener mayor despliegue en el proceso electoral, tanto en las elecciones de 2007 como en las de 2008», servicios que abonaron «de modo irregular, en parte en efectivo y en parte a través de terceros».

Así, en las elecciones de 2007 Orange Market se embolsó 1,1 millones de euros por las autonómicas y 78.878 por las municipales, mientras que en las generales de 2008 obtuvo 801.810 euros, sin que esos servicios prestados fueran «objeto de facturación, contabilización y declaración tributaria».

La Fiscalía cree que la expansión del Grupo Correa a Valencia entre 2003 y 2005 «tenía como finalidad aprovechar las posibilidades de negocio mediante el acceso a determinadas personas que desarrollaban su actividad política en aquella comunidad, con el objetivo de conseguir una posición ventajosa en la adjudicación de contratos en actos del partido, de la Administración o entidades dependientes».

«Una parte del gasto comprometido por los acusados vinculados al PPCV fue financiado por empresas directamente a Orange Market», que supuestamente facilitó facturas falsas.