Llorens conocía la actividad de su hermano en subcontratas del Plan E

Las sombras de sospecha sobre la Concejalía de Atención Urbana del Ayuntamiento de Alicante, en tiempos de gestión del Partido Popular, regresaron ayer al Palacio de Justicia de la capital. Concretamente, el hermano del exconcejal del PP responsable del área, Andrés Llorens, acudió al juzgado que investiga las presuntas irregularidades con la adjudicación de obras del Plan E para aclarar su relación con varias firmas que sacaron tajada con los contratos.

Por toda una suerte de subcontrataciones, se encargó parte de los servicios para soterrar 40 contenedores a Sedni, de la que José Felipe Llorens figura como comercial, una actividad de la que sabía el entonces edil, según declaró el allegado, como informaron fuentes próximas al caso. Además, figuran pagos de alrededor de 19.000 euros de parte de una de las principales sociedades investigadas (CCMS) que justificó como trabajos como autónomo.

José Felipe Llorens aseguró estar «muy tranquilo» a la salida de su declaración que se prolongó cerca de una hora y en la que dijo haber respondido «a todas las preguntas» formuladas por «la juez y el Ministerio Público». Además, achacó su citación en el juzgado por ser «el hermano de Andrés Llorens».

Por el momento, figuran como investigados en esta causa uno de los jefes de la Concejalía, José Lidón, y dos empresarios por la contratación de las mercantiles CCMS y Becsa para distintas obras en la ciudad financiadas con el plan para el impulso de la obra pública. Dichas licitaciones se encuentran bajo sospecha tras la denuncia de la exportavoz municipal socialista Carmen Sánchez Brufal debido a que los pliegos parecían elaborados por las propias empresas que finalmente ganarían los concursos.

La Fiscalía Anticorrupción abrió diligencias ante estos hechos y en julio de 2011 el Juzgado de Instrucción 2 de Alicante ordenó la detención de los tres imputados. A raíz de entonces, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional elaboró un minucioso informe en el que se detalla la presunta creación de una trama corrupta para ganar cerca de cinco millones de euros con los contratos públicos, según se desprende de la investigación judicial.

El soterramiento de los 40 contenedores le valió a Becsa un contrato de casi un millón de euros, mercantil que subcontrató a CCMS para ejecutar la obra que, a su vez, gestionó la compra de material a Sedni, donde trabaja Felipe Llorens. Finalmente, el suministro de los materiales se encargó a la empresa Equinord. El hermano del anterior concejal de Atención Urbana figura como una de las conexiones que han llevado a los investigadores policiales a sospechar del supuesto entramado para el cobro de sobornos por ganar las obras del Plan E. Ningún responsable político figura a día de hoy como investigado formal en la causa reactivada desde hace bien poco con la batería de diligencias solicitadas por parte de la acusación pública.