La Audiencia rebaja a 25,6 millones de euros la fianza al Sabadell por la CAM

La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela aclaró ayer que el Banco Sabadell solo tendrá que hacer frente, como responsable civil subsidiaria, al pago de 25,6 millones de euros de la fianza total de 1.592 millones impuesta a los ocho exdirectivos de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) contra los que ha dictado apertura de juicio oral. La magistrada ha modificado su resolución del pasado miércoles en la que figuraba por error que el banco catalán y la Fundación de la Comunidad Valenciana Obra Social CAM debían responder de esta cantidad como responsables civiles subsidiarios. Declaraba, además, a la aseguradora Caser responsable civil directa.

En un auto, aclara que las únicas acusaciones que solicitan que el Sabadell sea responsable civil subsidiario son un particular y la empresa Bon Llar quienes reclaman 19,1 millones de euros y 62.545 euros respectivamente. La suma de estas dos cantidades más el tercio previsto por la ley arroja la cantidad de 25,6 millones.

La magistrada sienta en el banquillo al expresidente de la caja Modesto Crespo y la exdirectora general de la Caja de Ahorros del Mediterráneo Dolores Amorós por la comisión de un delito de falsedad en las cuentas anuales, delito relativo al mercado y los consumidores, manipulaciones informativas, estafa agravada, apropiación indebida y falsedad en documento mercantil. También serán juzgados por estos mismos delitos el exdirector general de Recursos Vicente Soriano Terol, el exdirector de Planificación y Control Teófilo Sogorb.

En cuando al exdirector general Roberto López Abad la magistrada le acusa en su caso de todos los delitos citados con la excepción del cometido contra el mercado y los consumidores. Procede, además, contra el exdirector de Inversiones y Riesgo Francisco José Martínez García, el de Financiación Juan Luis Sabater y el de Información Financiera, Salvador Ochoa a los que acusa de falsedad en las cuentas y en documento mercantil y apropiación indebida.

Los ocho acusados se enfrentan a penas de prisión de hasta 17 años de cárcel. En concreto, la Fiscalía pide que López Abad, Amorós, Sogorb y Martínez sean condenados a penas de siete años y medio de cárcel y al pago de una multa de 180.000 euros cada uno de ellos.

Reclama sendas penas de un año y dos meses de prisión y multas de 9.000 euros para Juan Luis Sabater y Salvador Ochoa; mientras que solicita imponer a Vicente Soriano la pena de diez meses de cárcel y multa de 12.000 euros. Para todos ellos, pide la inhabilitación especial para ser elegidos en unas elecciones y para ejercer la actividad bancaria durante el tiempo de sus condenas.

Por su parte, el Fondo de Garantía de Depósitos reclama, 9 años para Crespo, Amorós, y Sogorb y 3 años para López Abad y Martínez García. Pide para todos ellos la imposición de una multa de 144.000 euros. En el caso de Sabater, pide dos años de cárcel y una multa de 81.000 euros.

La acusación popular ejercida por el abogado murciano Diego de Ramón reclama, por su parte, 16 años de cárcel para los ocho. Otra acusación que representa a un particular, solicita 17 años de cárcel para todos.