Juzgan al exalcalde de Pego por prevaricación al pagar la limpieza de arrozales

El exalcalde de Pego Carlos Pascual será juzgado este miércoles en la Audiencia de Alicante como presunto autor de un delito de prevaricación cometido supuestamente en el año 2003 al autorizar el pago de 399.821 euros a una empresa por la limpieza de los arrozales situados en el marjal.

Pascual, que ya fue condenado en enero de 2004 a seis años de cárcel por un delito medioambiental contra este parque natural, se enfrenta ahora a una petición de nueve años de inhabilitación especial para el ejercicio de empleo o cargo público.

En su escrito de acusación provisional, la Fiscalía sostiene que el entonces primer edil ordenó el pago de las facturas por estas tareas «a sabiendas de su injusticia», ya que «incumplió todas las formalidades legales necesarias» al prescindir de contrato administrativo, consignación presupuestaria, un proyecto o una memoria previamente aprobada. Los arrozales no eran propiedad del Ayuntamiento sino privados, por lo que la competencia para su limpieza y otros trabajos de cuidado correspondía a la Comunidad de Regantes del marjal.

De hecho, dos convenios de colaboración fechados en 1996 y 2003 recogían «la financiación y adhesión por parte del Ayuntamiento en todas las actuaciones que lleve a cabo la comunidad de regantes de los arrozales de Pego-Oliva», pero no incluían en modo alguno «la contratación ni la ejecución por parte del mismo», relata la fiscalía. El segundo de estos convenios sí establecía una colaboración económica por parte del Consistorio, aunque limitada a 120.000 euros.

Seis años de prisión

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) condenó en 2007 a la corporación a abonar los casi 400.000 euros de la limpieza de los arrozales. Pascual, que era alcalde de Pego por un partido independiente, ha cumplido una pena de seis años de prisión por un atentado ecológico que afectó a 600 hectáreas del parque natural del marjal Pego-Oliva entre 1996 y 1998.

La sentencia establecía también seis años de inhabilitación para él y el pago de una multa de 7.920 euros por el delito medioambiental como por otro de quebrantamiento de medida cautelar y un delito de atentado contra funcionario público en la persona del entonces director del parque natural, Vicente Urios. El tribunal también condenó al exconcejal de Agricultura José Orihuel, quien era a su vez presidente de la Comunidad de Regantes de los Arrozales de Pego, a tres años de prisión e inhabilitación para cargo público electivo y al pago de la misma multa.

Según declaró probado la Audiencia Provincial, y ratificó tiempo después el TS, los procesados llevaron a cabo actuaciones prohibidas en el parque para recuperar los cultivos de arroz y lograr una revalorización de las fincas particulares ubicadas en el lugar. Así, autorizaron la quema de vegetación sin permiso alguno de la Conselleria de Medio Ambiente, la rebaja del nivel de agua del humedal con la instalación de bombas y la construcción de diques y caminos para facilitar el paso de vehículos, lo que provocó una masiva mortandad de peces y la amenaza de desecación del marjal.