Compromís pide ampliar el concierto vasco al resto de comunidades

El debate sobre la reforma del sistema de financiación autonómica regresa hoy al Congreso de los Diputados -si es que alguna vez ha dejado de estar presente. Los cuatro diputados de Compromís, junto a los cinco parlamentarios valencianos de Podemos -es decir, los nueve elegidos en la candidatura encabezada por Joan Baldoví- defienden hoy ante el pleno una iniciativa (con forma de proposición no de ley) en la que se solicita poner en marcha el proceso para elaborar un nuevo sistema de financiación autonómica. Una propuesta que propone también «establecer un concierto económico responsable entre el Estado y las CCAA que resuelva el conflicto de financiación existente y garantice el consenso sobre las reformas necesarias para que mejore su eficacia» -una referencia en abstracto, que parece querer extender el sistema del cupo vasco al resto de regiones españolas-.

El concierto económico o cupo vasco es un sistema que, a juicio del resto de comunidades autónomas, privilegia tanto al País Vasco como a Navarra -en este caso se denomina 'Convenio'- en detrimento de las del régimen común, que son todas las demás. Ambas regiones disponen de autonomía tributario-financiera y pagan al Estado, de forma pactada periódicamente, una cantidad determinada por los servicios que éste presta en esas autonomías. En la exposición de motivos, los nueve parlamentarios no hacen referencia expresa al cupo vasco o al 'Convenio' navarro. Pero sí citan a algunos economistas que atribuyen el menor crecimiento de la economía valenciana en PIB per cápita, en productividad por ocupado y en renta disponible per cápita «a un exceso de aportaciones que viene realizando la economía valenciana al resto del Estado, de acuerdo con lo que se denomina 'déficit fiscal con el Estado español': o lo que es lo mismo, la creciente diferencia entre los impuestos y recursos que recaudan anualmente en Valencia el sector público central (Estado y Seguridad Social) y el gasto público que en Valencia recibe del mismo».

La iniciativa utiliza los datos de las balanzas fiscales hechas públicas en 2005. «El pueblo valenciano paga a España 23.000 millones de euros y recibimos 20.000 millones», es decir, un déficit de 3.000 millones y del 3,62% respecto de nuestro PIB», se señala.

La propuesta señala que el nuevo modelo de financiación debe corregir necesariamente «las carencias, injusticias y prácticas discriminatorias» sufridas por los valencianos durante los últimos treinta años.