El juez aparta del 'PGOU' al acusado que confesó el viaje de Alperi

El empresario arrepentido que confesó haber pagado parte del viaje a Creta del exalcalde del PP Luis Díaz Alperi ha quedado fuera del 'caso PGOU'. Según sostiene Ricardo Fuster desde hace unas semanas, fue un empleado de Enrique Ortiz quien le entregó un sobre con 36.000 euros para recuperar el dinero adelantado por el periplo del que disfrutó el exregidor junto a la también antigua edil popular Sonia Alegría el verano de 2008. Ahora, el juez que instruye esta rama del 'caso Brugal' ligada al urbanismo de la ciudad de Alicante, Manrique Tejada, ha acordado el sobreseimiento para el industrial valenciano al no resultar justificada «la perpetración del delito que se investigaba de cohecho», según recoge el auto al que ha tenido acceso este diario.

De este modo, el magistrado abre la vía para que Fuster acuda a un posible juicio por las presuntas irregularidades en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante como testigo, un estatus que le obliga a decir la verdad. En cambio, como investigado le amparaba el derecho de no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable. De ahí que en sus anteriores declaraciones judiciales, el industrial «no dice todo lo que sabe», como indica el instructor, ni aclara «el extraño proceder de emitir una factura a Enrique Ortiz e Hijos SA para 'recuperar' los 36.000 euros por la mera indicación de Alperi» con un relato que el juez tilda de «parcial e interesado».

Antes, a comienzos del pasado mes de marzo, Fuster se sentó frente al instructor del caso, el fiscal y las acusaciones populares (que ejercen Esquerra Unida del Pais Valencià y el PSPV), así como el resto de partes involucradas en el proceso para ratificar la confesión que manifestó primero por carta a Anticorrupción: que adelantó el dinero por amistad con Alperi, pero que luego un emisario le devolvió el montante. Incluso llegó a reconocer presiones de desconocidos que le invitaban a mantener la boca cerrada.

En la misma sesión, el empresario se tuvo que enfrentar al hombre que le entregó el sobre, uno de los delegados del imperio de Ortiz en Valencia, Pedro Muguruza. Ambos mantuvieron sus posturas con firmeza. Ricardo Fuster ratificó el encuentro celebrado en el café Durban de la capital valenciana a petición del testigo quien, por su parte, negó cualquier cita de este tipo.

El Juzgado de Instrucción 5 de la capital alicantina indaga en la presunta trama corrupta gestada en el Ayuntamiento de Alicante para favorecer los intereses urbanísticos de Ortiz. Por ello, están imputados los exalcaldes y antiguos parlamentarios autonómicos del PP Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo.

Tras el careo entre Fuster y Muguruza, el instructor completa las últimas diligencias del caso habiendo acordado el sobreseimiento para varios de los investigados. Quien también ha quedado excluido del caso por presunta corrupción desde que se notificara ayer es el administrador de Rivaflecha SL, Miguel Ángel Barba Lozoyo. Según apuntan las investigaciones, esta empresa recibió el encargo de Fuster de gestionar el jet privado que debía trasladar a Creta a Díaz Alperi y Sonia Alegría. Sin embargo, en su declaración en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat (TSJCV), donde se encontraba la causa cuando los encausados aún eran diputados en Les Corts, aseguró desconocer quienes viajaban en el avión privado.