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Eva María Lahoz
Viernes, 15 de abril 2016, 00:47
El Juzgado de Primera Instancia número 7 de Alicante ha admitido a trámite la demanda de acto de conciliación presentada por el grupo municipal del PP contra Marisol Moreno y ha citado a ambas partes el día 20 de mayo, a las 9.20 horas, para resolverlo.
El grupo municipal popular ha llevado a la concejal de Juventud y Protección Animal ante los tribunales por las declaraciones que hizo el pasado 19 de febrero, en una comisión de Presidencia, en las que acusó al PP de celebrar «las juntas de gobierno en el D'Angelo», un club de alterne, cuando gobernaba en la ciudad, en pasadas legislaturas.
En concreto, en la demanda de acto de conciliación exigen a Moreno que se retracte de sus declaraciones, «declarando ser falsas las afirmaciones vertidas». Por otro, que satisfaga a los demandantes, el grupo municipal, personificado en el portavoz, Luis Barcala, y la portavoz adjunta, Mari Carmen de España, con 3.000 euros, «en concepto de reparación de los daños y perjuicios morales ocasionados».
Aseguran en la demanda que tal cantidad «se destinará íntegramente a una organización no gubernamental de la ciudad de Alicante, que realice proyectos específicos de apoyo a colectivos desfavorecidos».
Esta demanda de acto de conciliación es el paso previo exigible para la presentación, a posteriori, de una querella criminal por un presunto delito de injurias, si la concejal no se atiene a sus requerimientos.
El juez considera que la demanda «reúne los requisitos legales exigidos», por lo que se admite a trámite y se convoca a ambas partes para «la comparecencia del acto de conciliación para el próximo 20 de mayo, a las 9.20 horas».
Recuerda el magistrado que las dos partes «están obligadas a comparecer por si mismas o por medio de procurador». En el caso de que no comparezca el solicitante, es decir, los ediles del PP, se daría por desistido y se archivaría el expediente. Si es la requerida, Moreno, la que no acude, «se pondrá fin al acto, teniéndose la conciliación por intentada a todos los efectos legales».
Sería el detonante de la presentación, por parte del PP de la querella criminal por un presunto delito de injurias.
La citación se entregó a las partes el pasado 1 de abril.
Los populares explican en su demanda que en fecha 19 de febrero se celebró la comisión de Presidencia del Ayuntamiento y citan a todos los que estuvieron presentes en la misma.
Exponen que, durante la celebración de dicha comisión, la demandada procedió a manifestar literalmente ante los allí presentes que «el Partido Popular celebraba sus juntas de gobierno en el D'Angelo». De todo ello, señalan, «han sido testigos los asistentes, quedando expresa constancia de sus palabras en el acta de la sesión».
Añaden que de la situación se hizo eco la prensa de la ciudad y aportan cuatro documentos con las noticias aparecidas en los medios digitales.
El PP asegura que, «evidentemente, las acusaciones que realiza la señora Moreno en la comisión de Presidencia son falsas», que carecen «de verosimilitud alguna» y que han sido realizadas «con la única finalidad de menoscabar la reputación y la dignidad de la institución municipal y de los anteriores miembros de la corporación en cuanto cargos públicos».
El escrito recuerda que, además, «la señora Moreno ya fue condenada en el pasado mes de enero por la Audiencia Nacional por la comisión de un delito de injurias graves al Jefe del Estado».
Moreno evitó las consecuencias políticas de sus manifestaciones, la amenaza del alcalde, Gabriel Echávarri, de retirarle competencias, mediante un escrito en el que pedía disculpas y se comprometía a hacer una donación a una asociación a una asociación que trabaje con prostitutas. Pero el PP no consideró suficientes estas medidas y siguió adelante con la demanda.
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