La concertada carga contra la incertidumbre de la escolarización y los recortes

El primer recorte de aulas concertadas de los últimos cuatro años y la incertidumbre que rodea a la admisión le han supuesto a la conselleria un nuevo reproche de la Mesa por la Educación en Libertad, que engloba a las principales patronales de colegios concertados, a sus Ampas y a representantes docentes. En un comunicado lamentaron ayer la «falta de planificación y previsión ante el próximo periodo de matriculación» y anunciaron que «estudiarán la situación de los centros con unidades suprimidas porque no se tolerará que la libertad de elección se vulnere», en palabras del portavoz, Vicente Morro.

La Comunitat es la única autonomía donde no se conoce el calendario de escolarización, sin olvidar que los cambios de la normativa aún no son oficiales. La única información proviene de borradores, lo que dificulta la atención a las familias interesadas que acuden a los centros. Además, el próximo curso habrá 11 clases concertadas menos. Más allá de la cifra, implica un cambio de tendencia en cuanto a la planificación tras años de ligero crecimiento.

Morro dijo que «la falta de transparencia de la conselleria está angustiando a muchas familias que carecen de la información para matricular libremente a sus hijos a unas semanas de comenzar el proceso». Uno de los pasos necesarios para desbloquear la situación se dio ayer con la aprobación por parte del Consell de la normativa de admisión. Si se cumplen los plazos previstos se publicará en el DOCV a lo largo de la próxima semana, cuando también se conocerá el calendario de la fase de escolarización. Dos modificaciones sustanciales son la eliminación del distrito único (también hay que aprobar las nuevas zonas) y la desaparición de los puntos de antiguo alumno y de libre designación. Ambas fueron criticadas por la entidad.

La Mesa puso como ejemplo de la incertidumbre existente la reunión técnica convocada el martes para explicar a los equipos directivos cómo funcionará el sistema informático del proceso. «No había suficiente aforo, las explicaciones fueron técnicas y se hacía referencia a algoritmos de concurrencia que nadie comprendía, pero la principal queja de muchos asistentes fue que se habló de una normativa que no está publicada ni se conoce en su totalidad», añadió el portavoz. Por ejemplo, señaló que no se sabe si «cambia algo sustancial tras el dictamen del Consell Jurídic (CJC)». «Nos preguntamos dónde se ha quedado la transparencia de la que tanto han presumido en la Generalitat», añadió Vicente Morro.

En la misma línea se pronunció la Mesa sobre el arreglo escolar. Lamentaron que se hayan facilitado datos generales a través de la prensa, mientras que en el caso de la planificación pública se ha conocido centro a centro e incluso se ha podido debatir en foros sindicales o consejos escolares municipales. «Sólo se han facilitado datos globales, 31 unidades de la concertada se eliminan (y se crean 20) aunque no se han explicado los criterios que se han usado para tomar esa decisión», en palabras del portavoz. «No sabemos nada, solo lo leído, porque la conselleria va a comunicar de forma individual a cada centro si tiene unidad concertada o no, por lo que la incertidumbre y el malestar es importante ante la falta de tacto, transparencia y comunicación en un tema tan importante», dijo la Mesa.

Por último, confiaron en que no se dé la situación de que «a la hora de matricular a un niño no se tenga la seguridad de que el aula esté concertada». Es decir, que el arreglo no sea del todo definitivo a la hora de elegir centro.

Las reacciones a la planificación de unidades concertadas anunciada por Educación se sucedieron ayer. Si el jueves el PP anunció que estudiará llevarla a los tribunales, ayer le llegó el turno a Ciudadanos, que también se mostró muy crítico. El portavoz en Les Corts Alexis Marí consideró «un error eliminar aulas en los colegios con más demanda» y dijo que si el conseller Marzà «persiste en el adoctrinamiento y en el ataque a la concertada tendrá a Ciudadanos en contra».

Marí dijo que «con este recorte y con la política de progresiva inmersión lingüística que planifica para el próximo curso -el 65% de las nuevas aulas son en valenciano- la conselleria demuestra ser la más ideologizada del Ejecutivo y, además, está siguiendo al pie de la letra los dictados de Escola Valenciana», aseguró el portavoz, antes de preguntarse «cómo se garantizará que los alumnos adquieran competencias en idiomas como el inglés».

Respecto al decreto de admisión, la vicepresidenta Mónica Oltra destacó que las zonas «vertebran» el centro con su entorno, defendió que la normativa obtuvo un amplio apoyo en las mesas sindicales y en el Consejo Escolar (pese a que se obviaron las principales peticiones del sector concertado) y dijo que facilita la libertad de elección. En este sentido valoró la nueva baremación, que hará que tengan las mismas posibilidades de entrar en un centro los que lo elijan en la primera opción de la solicitud y los que lo sitúen en la última casilla.