La instrucción del 'caso PGOU' entra en su recta final con 12 investigados

La instrucción de las supuestas irregularidades detectadas en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante ha entrado en su recta final con una docena de investigados respecto a los 21 sospechosos que inicialmente señaló la Fiscalía Anticorrupción. En los últimos meses, el titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la ciudad, Manrique Tejada, ha dictado autos de sobreseimiento provisional de las diligencias para muchos de ellos al entender que las pesquisas no han confirmado los indicios delictivos por los que fueron imputados.

Actualmente, figuran como investigados (imputados) en esta pieza separada del 'caso Brugal' los exalcaldes de Alicante por el PP Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo, el constructor Enrique Ortiz y su esposa, Manuela Carratalá, y el arquitecto que diseñó el PGOU bajo sospecha, Jesús Quesada.

Les acompañan los dos socios del despacho Salvetti Abogados, Javier Gutiérrez y José Luis Castedo (hermano de la exedil), un directivo de la extinta CAM, Daniel Gil, y un empresario, Ramón Salvador Águeda, aunque ambos han pedido ya ser exonerados de toda responsabilidad penal. Igualmente, siguen como investigados dos directivos de las sociedades de Enrique Ortiz, Santiago Bernáldez y Miguel Carratalá, y el socio de una mercantil dedicada a instalar extintores y sistemas antiincendios, Pablo Rico.

La investigación trata de esclarecer la posible comisión de delitos de revelación o aprovechamiento de información privilegiada, cohecho, asesoramiento ilegal y tráfico de influencias, y está a punto de cerrarse con el correspondiente auto de procedimiento abreviado, según han confirmado fuentes próximas al caso.

En julio de 2012, el juez Tejada remitió una exposición razonada a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano para que se hiciera cargo de la investigación, ya que entre los sospechosos se encontraban Díaz Alperi y Castedo, que eran aforados por su condición de diputados autonómicos por el PP.

En ese escrito, el magistrado ya se mostraba partidario de archivar las actuaciones para un nutrido grupo de imputados que, según el fiscal, podían haber incurrido en delitos de aprovechamiento de información privilegiada.

Cuando los diputados en Les Corts cesaron de sus cargos, la causa regresó al juzgado alicantino con dos investigados más, Ricardo Fuster y Miguel Ángel Barba, quienes habían intermediado en las gestiones para que Díaz Alperi volase en 2008 en un avión privado a la isla griega de Creta pagado supuestamente por Ortiz.

A lo largo del último año, el instructor ha recibido varios informes policiales y ha ido dictando autos de sobreseimiento provisional de las diligencias para once investigados, entre ellos los directivos de la antigua Bancaja José Cortina y Juan Zurita.

Los últimos exculpados, mediante autos fechados el pasado martes, han sido los empresarios que intermediaron en las vacaciones griegas del exalcalde Díaz Alperi: Ricardo Fuster y Miguel Ángel Barba.

El primero ha admitido ante el juez que adelantó al político los 36.000 euros que costaba el avión y luego recibió el dinero de manos de un directivo del grupo empresarial de Ortiz, mientras que el segundo, como administrador de la firma Rivaflecha SL, gestionó el vuelo con la aerolínea, Best Fly SL.

En sus resoluciones, Tejada sostiene que la investigación no ha acreditado que estos empresarios cometieran un delito de cohecho, aunque en el caso de Fuster no haya declarado «todo lo que sabe» y su relato haya sido «parcial e interesado».