Manuel Buitrago
Martes, 19 de abril 2016, 01:55
El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, no dudó al declarar que en lo que respecta al Trasvase Tajo-Segura discrepa de su compañero de partido Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha. «Obviamente no estamos de acuerdo. Hay diferencias», manifestó Puig en la rueda de prensa conjunta con el presidente murciano Pedro Antonio Sánchez. Ambos reconstruyeron ayer el frente en defensa del acueducto Tajo-Segura; a la vez que mostraron su sintonía con el próximo modelo de financiación autonómica, en el que debe primar el criterio de población, y el desarrollo del Corredor Mediterráneo de mercancías, que va a «paso de tortuga».
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La primera reunión de máximo nivel entre ambas regiones visualizó la unión en materia de agua, con la particularidad de que en esta ocasión se trata de un presidente del PP y otro del PSOE. Con esta alianza, el contrapeso a las posiciones de Castilla-La Mancha y Aragón en materia de agua es más relevante. Ximo Puig gobierna con el apoyo de Compromís y Podemos.
Los dos presidentes coincidieron en el deseo de poner fin a las guerras del agua y de desdramatizar el problema apostando por el diálogo territorial. Ximo Puig no se pronunció sobre si es necesario construir otro acueducto. Indicó que en estos momentos hay que apostar por consolidar el Tajo-Segura con las leyes actuales, así como por el desarrollo de la desalación, en particular de la planta de Torrevieja, para que alcance la máxima capacidad de producción a precios competitivos.
En el encuentro institucional participaron los consejeros de Agricultura y Hacienda de ambas comunidades, con sus respectivos equipos. Puig comentó que las dos comunidades «tienen muchas cosas en común» y consideró que las reivindicaciones en materia de agua, infraestructuras y financiación son el «pórtico» de iniciativas conjuntas, estableciendo una «alianza estratégica» a medio y largo plazo. La principal será el agua, ya que ambos gobiernes se personarán en el Tribunal Supremo contra los recursos de Castilla-La Mancha a los trasvases.
La defensa del agua que hizo Pedro Antonio Sánchez coincidió con el sonido de un trueno que amagó con descargar la lluvia sobre el patio del Palacio de San Esteban en el que se desarrollo la rueda de prensa. Señaló que el Trasvase «tiene que seguir vigente porque está protegido por ley y no se cuestiona en absoluto». Dijo que estará «vigilante» en el cumplimiento del Memorándum, ya que el acueducto influye de forma determinante en la creación y mantenimiento del empleo en ambas comunidades. Hizo un llamamiento para alcanzar «grandes consensos».
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Ximo Puig subrayó que «nosotros somos gente de paz, de negociación y de acuerdo», para quien el acueducto Tajo-Segura es un instrumento «fundamental» que espera que continúe «tal y como está establecido por ley». No obstante, apostilló que si en el futuro hay una renovación general en el marco del Pacto Nacional del Agua, «todo puede tener sus circunstancias».
¿Quién incumple más?
En relación al nuevo modelo de financiación autonómica, Sánchez comentó que ambas regiones estaban compitiendo por ver cuál encabezaba el 'ranking' de exceso de déficit, disputándose el primer y segundo puesto entre las más incumplidoras. Ambos coincidieron en incorporar el criterios como el de la «población real» en el nuevo modelo de financiación, según Sánchez. «No queremos gastar más de lo que ingresamos», añadió, pero para cumplir el objetivo insistió en la necesidad de cambiar el sistema de financiación autonómica.
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Consideró que todas las comunidades deben jugar «con las mismas cartas y herramientas», y avanzó que la Región cumplirá el objetivo en «igualdad con la media». Lamentó que el modelo de financiación actual hace que Murcia perciba 230 millones medio con respecto a la media nacional, lo que «lastra y dificulta de una manera decisiva el cumplimiento».
Puig ratificó que hay una «falta de cumplimiento de la Constitución» y de la ley de financiación de las comunidades, porque «está determinado que tanto Murcia como Valencia tengamos una renta per capita bastantes puntos por debajo de la media nacional», algo que no se corresponde con la «vitalidad» de sus economías. Solicitó un sistema «transparente, claro y sin subterfugios», porque, en caso contrario, se producirá «un desgarro mayor entre unos ciudadanos y otros en España», informa Efe.
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