El plan del Consell para valorar a dependientes se topa con la falta de recursos municipales

La Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas pondrá en marcha a partir del próximo mes un nueva ruta para valorar a los dependientes. La iniciativa empezará a aplicarse de forma pionera en la provincia con el objetivo de incrementar el número de valoradores y reducir las listas de espera. Serán los ayuntamientos quienes asuman el trámite. De los cinco profesionales con los que se contaban para hacer la gestión en la provincia se pasará a 102, según explicó a este diario la Conselleria. Los trabajadores de los servicios municipales, que han sido formados, se encargarán de la tarea para dar una respuesta más ágil a los afectados por la dependencia.

El sistema diseñado por la consellera Mónica Oltra está generado incertidumbre entre ayuntamientos alicantinos. Una quincena de consistorios han acudido a la Sindicatura ante las dificultades que tienen para aplicar el sistema de la Generalitat, que posteriormente se extenderá a las provincias de Valencia y Castellón.

Desde el Síndic explicaron que todos los ayuntamientos con los que han mantenido reuniones pertenecen a Alicante al ser el punto de partida del proyecto y donde existe ahora inquietud.

La institución ha abierto una queja de oficio para conocer estas modificaciones que supondrá la municipalización de la valoración de la dependencia, por lo que se pide a la Generalitat información sobre cambios administrativos y normativos y la repercusión que tendrá asumir esta nueva tarea en la gestión del resto de competencias que realizan los servicios sociales del municipio.

La valoración a partir de mayo será realizada por los trabajadores sociales del Servicio de Atención de Dependencia (SAD) de los ayuntamientos. Un cambio que para el Síndic supone un beneficio ya que será asumido por parte de los servicios sociales más cercanos y próximos a los beneficiarios. Un aspecto que también ha tenido en cuenta la Conselleria en la modificación.

Sin embargo, entre los consistorios hay preocupación por las dificultades que tienen para poner en funcionamiento el nuevo modelo. Según las citadas fuentes, que «comparten esta preocupación», además del soporte normativo con el que tendrán que contar los equipos profesionales del SAD hay mucha incertidumbre por la «escasa dotación económica o la formación y experiencia de los profesionales que van a asumir las tareas de valoración». El curso que se ha impartido es de 70 horas, una formación que los consistorios consultados consideran insuficiente.

La sobrecarga de trabajo y la falta de recursos humanos es otra de las quejas. Según los ayuntamiento, los profesionales ya realizan informes generales sobre solicitudes de dependencia, informes sociales del entorno y propuestas PIA. Este aumento de las tareas sin una ampliación de la plantilla actual «podría ir en detrimento de la necesaria agilidad en la tramitación de los expedientes».

El último de los puntos que tampoco convence es que solo se descentralicen las tareas de valoración de las solicitudes y que no se entre en el estudio de un proceso de descentralización más amplio que abarque tanto la resolución de los grados de dependencia y de Programas Individuales de Atención, que actualmente está centralizado en la dirección General de Servicios Sociales y personas en situación de dependencia.