Costa señala a Génova por la financiación irregular del PP y pide que declare Rajoy

El ex secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa, quiere que Mariano Rajoy declare como testigo en el juicio de la pieza del 'caso Gürtel' referida a la supuesta financiación irregular de los populares valencianos. La inclusión del líder del partido en la estrategia de defensa de Costa es, cuanto menos, un compromiso para Rajoy. El presidente del Gobierno había visto como su nombre era mentado por las acusaciones populares para que testificase en los diferentes procedimientos de Gürtel, pero siempre con resultado fallido porque ningún juez las aceptó. Sin embargo, nunca antes un exdirigente imputado de la talla del 'ex número dos' del PPCV, al que la Fiscalía Anticorrupción pide siete años y nueve meses de prisión, había solicitado su presencia en una vista oral.

Costa ha involucrado en su escrito de defensa no solo a los populares valencianos, sino al PP nacional en busca de una sentencia absolutoria. Sabedor de que la pena que le piden es elevada y que al menos tres constructores imputados han llegado a un acuerdo con la Fiscalía y han reconocido los hechos para evitar su ingreso en prisión, el exdirigente popular quiere que en el juicio que se celebrará en la Audiencia Nacional declare también la secretaria general, María Dolores de Cospedal. El objetivo es que su testimonio y la prueba documental de la comparecencia de ella y de su antecesor Ángel Acebes en la pieza de los 'papeles de Bárcenas' permita aclarar la competencia orgánica de los secretarios generales del PP.

Su línea de defensa se centra en atribuir al administrador regional y nacional del PP la gestión económica de las campaña de las municipales y autonómicas de 2007 y de las generales de 2008, los comicios bajo sospecha delictiva. En su caso concreto, Costa alega que jamás autorizó pagos y contratos a una sociedad del denominado grupo Correa, Orange Market, en el centro de la trama; detalla que sus funciones como secretario general están marcadas en los estatutos del partido; y apunta a la prescripción de los hechos y la nulidad de los pinchazos telefónicos.

«Artimaña procesal»

Costa señala que el delito electoral prescribe a los tres años y que la imputación de falsedad en documento mercantil «es una artimaña procesal» usada para evitar el archivo de la causa por el primero delito. Sobre la falsedad, dice que «no solo es inexistente, sino que además es ideológica y por lo tanto no es unible».

Además de Rajoy y Cospedal, cuya presencia o no en el juicio depende ahora del juez instructor del caso, José de la Mata, el acusado propone una batería de otros 29 testigos para defender su inocencia, entre ellos la gerente Carmen Navarro, a su antecesor Cristóbal Páez, el extesorero Luis Bárcenas o el exvicepresidente del Poder Judicial y actual presidente de la Audiencia Provincial de Valencia Fernando de Rosa.

No son los únicos. Costa propone también la declaración como testigos del exdelegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, y ex secretario general del PP, Serafín Castellano -imputado por el caso Avialsa-, la del exvicepresidente del Consell Víctor Campos y la del exsecretario general del PP valenciano Antonio Clemente. El testimonio de De Rosa, como los de Adela Pedrosa y Javier Buñel, se justifican en que ellos tres eran los representantes del partido por cada una de las circunscripciones provinciales ante la Junta Electoral. Costa también propone como testigo al actual presidente provincial del PP de Valencia, Vicente Betoret.

Junto a Costa, buena parte de la cúpula del PPCV bajo la presidencia de Francisco Camps se sentará en el banquillo de los acusados de la Audiencia Nacional. Los hechos se remontan a los citados comicios de 2007 y 2008 por los supuestos pagos de más de dos millones de euros en negro por más de medio centenar de actos organizados por el grupo Correa. La lista la completan Vicente Rambla, exvicepresidente de la Generalitat; David Serra, ex vicesecretario general y de organización del PPCV; Yolanda García, antigua gerente regional y Cristina Ibáñez, exgerente también.

El juez detalla que los empresarios investigados sufragaban pagos de servicios adeudados por el PPCV a Orange Market a cambio de que la administración regional concediera contratos públicos a los primeros. Asimismo, existía una forma de pago de «carácter dual» por parte del PP valenciano, la caja A (llamada «Alicante») y la B («Barcelona») para no levantar sospechas.

Génova no tardó en valorar el escrito presentado por la defensa de Costa. El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, enmarcó en su estrategia de defensa el hecho de que el exsecretario general del PPCV apunte al PP nacional como el encargado de consolidar las cuentas territoriales y de administrar las campañas electorales, una acusación que, según dijo, «cae por su propio peso» porque los ingresos y gastos en esos casos los gestionan las organizaciones provinciales del partido.

Desde el PPCV, Vicente Betoret mantuvo que Costa «está en su derecho de proponer» los testigos que considere y que «el juez dispondrá si es oportuno». El delegado del Gobierno Juan Carlos Moragues señaló que Costa «tiene derecho a defender su posición» y a decir «lo que entienda oportuno», pero siempre «sin faltar a la verdad».