El Consell denuncia que Bonig ocultó 1.100 solicitudes de ayuda para comprar vivienda

La consellera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración de Territorio, María José Salvador, denunció ayer que sus antecesores en el cargo, el equipo presidido por Isabel Bonig, ocultaron 1.100 solicitudes de ayudas a la vivienda protegida, por un importe superior a los 60 millones de euros. En diciembre, y tras haberse reunido unas semanas antes con el colectivo que representaba a los 50.000 afectados, la consellera Salvador ya alertó en Alicante de que había hallado un agujero de 40 millones de retrasos de los modelos 501, lo que elevaba la cifra en mora para la entrada de la compra de pisos a 280 millones de euros.

En esta ocasión, se trata de expedientes que afectan a ciudadanos y promotores, destinados a ayudas para la rehabilitación, alquiler o compra de viviendas «sin resolver y escondidos en un cajón», explicó Salvador tras reunirse con la Plataforma de Afectados por los Impagos a las Ayudas a la Vivienda.

La consellera informó de que su departamento pidió un informe a al Abogacía de la Generalitat sobre los trámites y actuaciones a seguir para la regularización de estas solicitudes. La Abogacía les remitió a la Intervención General de la Generalitat. Esta será quien determinará la ruta a seguir para resolver los pagos.

Salvador denuncia la «gestión oscura» de su antecesora en el cargo, la actual presidenta del PPCV y portavoz del grupo popular en Les Corts, que a su juicio actuó como una «troyana» para distorsionar el sistema, «estafando a las personas», adoptando medidas a sabiendas de que eran «fraude de ley» y «presionando a funcionarios».

Estos nuevos 60 millones de euros por el impagos de ayudas a las viviendas, añadió, se suman a los 240 millones que reconoció Bonig, y a los 40 millones de euros de las resoluciones 501 (las que quedaron en suspenso hasta que hubiera suficiente disponibilidad de crédito en la Conselleria).

«Sabíamos que los antiguos responsables concedieron premeditadamente y con alevosía más ayudas de las que podían, y estafaron a la gente que pidió subvenciones para pagar su alquiler o la rehabilitación de su vivienda», dijo.

«Cuando se vio ante la imposibilidad de seguir tramitando más ayudas, cuando habían sobrepasado los límites presupuestarios existentes», el 12 de julio de 2013 la consellera dictó una instrucción interna por la que ordenaba a los servicios de la Conselleria que todos los expedientes de concesión de ayudas en tramitación fueran denegados por falta de recursos.

Esa instrucción «no fue acatada por los servicios de la Conselleria que entendieron que el marco normativo vigente no preveía esta posibilidad», ya que la obligaba a resolver las solicitudes y que, por tanto, «la ilegalidad cometida en tramitar las ayudas excediendo las consignaciones presupuestarias existentes no podía perjudicar a los derechos de los ciudadanos».

Como consecuencia de esta instrucción los expedientes pendientes dejaron de tramitarse en los Servicios Territoriales y han sido encontrados ahora en los cajones.

Salvador afirma que Bonig «ocultó conscientemente» que además de los expedientes de ayudas que fueron reconocidos por la Conselleria en 2014 por valor de 240 millones de euros existía también un enorme número de expedientes de ayudas, cerca de 1.100 solicitudes, tramitadas a cargo de los Planes de Vivienda del Ministerio.

Recuerda que el nuevo equipo de gobierno de la Conselleria se reunió el primer mes de gobierno con la Plataforma de Afectados por los Impagos de la vivienda y se firmó un calendario de pagos de las ayudas pendientes (240 millones) de los que hoy se han abonado ya unos 220 millones, y pagará en breve los otros millones pendientes reconocidos el pasado mes de junio. Respecto a los 60 millones de los expedientes ocultos descubiertos ahora, el Consell está a la espera del informe de la Intervención de la Generalitat.