Las escuelas infantiles del Consell se plantan tras 13 años de ratios máximas

Están desbordadas. Tras más de una década con ratios máximas, las escuelas infantiles de primer ciclo dependientes de la Generalitat se han plantado. La gota que ha colmado el vaso ha sido la apertura de aulas de 2 a 3 años en colegios públicos dentro de un programa experimental.

Los 35 centros de la Comunitat que forman parte de este proyecto piloto tienen una ratio de 18 alumnos que son atendidos por un docente y un educador. Por contra, en las escuelas infantiles y para una misma franja de edad solo cuentan con un profesional y 20 alumnos. Esta diferencia, que consideran que se trata de una «discriminación», se llevó ayer al Síndic de Greuges. Quieren que la Conselleria de Educación tome medidas de forma urgente antes de que se abra el proceso para que las familias presenten solicitudes el próximo 9 de mayo.

La responsable del Personal del Servicio Educativo Complementario (PSCE) de la Federación de Enseñanza de CC OOPV, Magda Maciá, presentó ayer la queja recogida en las 33 escuelas infantiles de la Comunitat, de las que 17 están implantadas en la provincia.

Según denuncian, hay una doble vara de medir por el hecho de asistir a un tipo de centro determinado, escuela o colegio, cuando todos son de titularidad pública.

La representante sindical recordó que desde 2003 la Conselleria aplica la ratio máxima permitida por unidad o grupo, lo que supone que un solo educador debe atender a 20 menores de 2 a 3 años y 13 si se trata de alumnos de 1 a 2 años, lo que repercute directamente en la calidad de la educación.

«Los trabajadores están disgustados y desbordados porque les faltan manos y recursos, el estrés que sufren es brutal con tantos niños para una sola persona, y se tiene que actuar ya antes del proceso de matriculación para acabar con esta situación y planificar el próximo curso con ratios adecuadas», explicó la sindicalista. En la queja al Síndic se destaca que la actual Conselleria «ha mostrado reiteradamente su voluntad de revertir los recortes que en materia educativa se impusieron fruto de la política de austeridad económica de gobiernos anteriores». Después de trece años, piden que se incremente la plantilla y dejen de aplicarse las ratios máximas. Sin embargo, el hecho de que en los colegios se trate de un programa experimental es el argumento que se ha utilizado para mantener los mismos recursos y cifra de niños por aula.

En esta línea, desde la federación sindical denuncian, además, «la carencia de un Reglamento Orgánico y Funcional (ROF) para regular el funcionamiento de las escuelas; a diferencia del resto de centros de titularidad pública, no tienen los más elementales órganos de participación y gobierno que permiten un funcionamiento democrático y de participación de la comunidad educativa, como son el consejo escolar, comisión económica, equipo directivo y claustro». El sindicato reivindica «una normativa que regule la etapa 0-3 años y que se ofrezca una mayor calidad educativa bien volviendo a las ratios anteriores al 2003, bien aumentando la plantilla con un educador infantil de apoyo cada dos unidades».