Montoro rechaza los ajustes del Consell y amenaza con embargar la financiación

El Ministerio de Hacienda emitió ayer un comunicado a las 20 horas sobre el modo en que el Consell había anunciado que realizaría una serie de ajustes por un montante de 170 millones de euros. El recorte tiene por objeto que, una vez puestas en marcha las medidas, el Gobierno central autorice la llegada del FLA a la Comunitat. La portavoz del Ejecutivo, Mónica Oltra, explicó por la mañana que se iba a negociar con los grandes proveedores (empresas de suministro de energía o telecomunicaciones, entre otras) para acometer la contracción del gasto. Tanto la cantidad a detraer de la partida de pagos como la fórmula para alcanzarla estaban pactadas con el Gobierno de Rajoy, según Oltra. Fuentes de la Generalitat aseguran que durante la noche del jueves, después del Consejo de Política Fiscal y Financiera, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, llegaron a un acuerdo por teléfono. Sin embargo, debieron de utilizar el 'teléfono loco' porque uno dijo una cosa y el otro entendió otra. De tal modo que el comunicado emitido por Hacienda ocho horas después del plan anunciado por el Consell era una enmienda a la totalidad de esa medida.

«Ante las declaraciones del Gobierno autonómico de Valencia, el Gobierno de España aclara que los proveedores de dicha comunidad autónoma tienen asegurado el cobro de sus facturas. Ningún proveedor quedara sin cobrar. Si el Gobierno valenciano no cumpliera con lo que marca la Ley, el Estado español se haría cargo del pago a los proveedores, con la consiguiente retención de fondos autonómicos», señala el comunicado del departamento liderado por Montoro. Fuentes del ministerio indicaron que la Comunitat «entraría en el procedimiento» de pagos «como Aragón y Extremadura», lo que supondría embargar al Consell sus recursos, para que el Estado pague directamente a los proveedores.

Según las cartas que Hacienda remitió hace unas semanas a Extremadura y Aragón, el ministerio les anuncia «el inicio del procedimiento para la retención de los importes a satisfacer por los recursos de los regímenes de financiación para pagar directamente a los proveedores». La misiva del ministerio cayó ayer como una bomba en los despachos de la Generalitat, desde donde se quiso aclarar que continúan «dispuestos a negociar el modo en que se acometerán las medidas». Fuentes del Ejecutivo valenciano señalaron que su intención no es dejar de pagar a grandes proveedores como Iberdrola o Telefónica (retrasar el pago hasta 2017, según Oltra), sino pactar bilateralmente algún tipo de aplazamiento, algo similar a lo que hizo el Consell de Fabra con las retenciones a la Seguridad Social de sus funcionarios, que retrasó, y que ha sido criticado con dureza por parte del Gobierno de Puig.

Las comunidades autónomas tendrán que hacer ajustes por importe de 2.037 millones de euros para cuadrar sus cuentas y no superar el objetivo de déficit del 0,7% para este año, según anunció ayer Montoro, una cantidad que a la Comunitat corresponde. Fuentes de la Conselleria de Hacienda aseguran que hay disposición de rebajar 78 millones en inversiones y subvenciones correspondientes a partidas que tradicionalmente no se ejecutan.

El Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) es fundamental si la Generalitat quiere continuar pagando a los proveedores (grandes y pequeños) y las nóminas de sus funcionarios. Por eso el Consell dice sentirse chantajeado por el Gobierno central, cuyo ministro de Hacienda no está dispuesto a reportar el FLA sin un plan de ajuste que, hasta ahora, el Ejecutivo valenciano se negaba a confeccionar. Aunque Montoro tiene la sartén por el mango a nivel nacional, en el plano europeo la situación es bien distinta. En la UE el presupuesto español de este año genera un enorme escepticismo, por lo que se exige al Ministerio de Hacienda una serie de medidas que lo hagan más creíble. De este modo, todos presionados, Gobierno y Consell llegaron a un pacto de mínimos según el cual el Ejecutivo valenciano realizará una serie de ajustes cuyo montante global rondará los 170 millones de euros para este año. Hasta ahí, la comunicación entre Puig y Montoro funcionó de manera fluida. Sin embargo, la fórmula en que el Consell pretende acometer los ajustes no es bien recibida en los despachos ministeriales.