Puig pide a Rajoy que retire los recursos en el TC contra las leyes valencianas

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, envió ayer una carta al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en la que le pide que retire los recursos de inconstitucionalidad contra tres leyes de desarrollo del derecho civil foral valenciano.

En concreto, pide la retirada de los recursos contra la ley de régimen económico matrimonial, la de relaciones de los hijos e hijas cuyos progenitores no conviven y la de que uniones de hecho formalizadas. En el escrito, Puig le muestra su total disponibilidad y la del Consell a «mantener las reuniones que resulten necesarias con el fin de solventar desde el diálogo y con voluntad de acuerdo, todas aquellas cuestiones que puedan ser jurídicamente controvertidas en este ámbito». Recuerda que la Generalitat mantiene «un comportamiento leal y respetuoso» con las instituciones, y ejerce sus competencias «con la máxima responsabilidad, demostrando que se puede actuar con sentido de Estado y, al mismo tiempo, defender el autogobierno y reivindicar lo que se considera legítimo para un determinado territorio».

El presidente señala que desde que se aprobó la reforma el Estatuto de Autonomía de la Comunitat en 2006, la Generalitat ha puesto en práctica su competencia exclusiva en materia de conservación, desarrollo y modificación del derecho civil valenciano. Puig asegura que la Generalitat está convencida de la legitimidad de una actuación que se han plasmado en la aprobación, entre 2007 y 2013, de cuatro leyes: las tres citadas anteriormente y la de contratos y otras relaciones jurídicas agrarias. Puig destaca que las tres primeras fueron recurridas ante el Tribunal Constitucional por el Gobierno y que los tres litigios siguen, a día de hoy, pendientes de una decisión sobre el fondo del asunto. Los recursos, al menos los relacionados con el régimen económico matrimonial y el de la custodia compartida, los interpuso el Gobierno del socialista Zapatero.

El líder del PSPV en la Comunitat y presidente de la Generalitat señala que en las negociaciones bilaterales con el Estado, la Generalitat puso de manifiesto que la aprobación y aplicación de tales normas era «perfectamente compatible con el respeto a la competencia exclusiva estatal sobre legislación civil», algo que cree que sigue siendo válido.