El juez envía al banquillo a la excúpula de la CAM por las dietas de Modesto Crespo

El instructor de Alicante que asumió la causa por el cobro de 300.000 euros en dietas por el que fuera presidente de la CAM, Modesto Crespo, ha procesado al antiguo director general, Roberto López Abad, a todo su consejo de administración y al presunto beneficiado.

El juez envía al banquillo a los imputados acusados por los delitos de apropiación indebida y administración desleal por presuntamente pactar el dinero que percibió Crespo como una remuneración en lugar de dietas, como sostiene el Ministerio Público, en el año 2009.

Según han confirmado a este diario fuentes cercanas al caso, tan solo ha quedado fuera del asunto el abogado de la caja Juan Martínez-Abarca, después de que la Audiencia Nacional devolviese la causa el mes pasado a los juzgados alicantinos para concluir el caso y dar los pasos últimos para su enjuiciamiento.

El titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Alicante, Manrique Tejada, recibió en febrero pasado esta causa por reparto días después de que la titular del Juzgado de Instrucción 3 de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, se inhibiera y la remitiera al Decanato de los Juzgados de Alicante.

El expresidente de la CAM está investigado (figura que sustituye a la de imputado tras la última reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal) por un delito de apropiación indebida por, presuntamente, embolsarse 300.000 euros en dietas al ser designado presidente de Tinser Cartera, una empresa participada por la CAM, en 2009.

En su declaración ante la Audiencia Nacional, defendió que no percibía retribución alguna como presidente de la extinta caja, dado el carácter institucional de su cargo, y, por esa razón, el Consejo de Administración de la CAM avaló que fuera retribuido con las citadas dietas.

La juez Lamela decidió acumular la pieza sobre las cuotas participativas emitidas por la CAM a la causa principal por posibles irregularidades en la entidad, en la que también están investigados Crespo y los exdirectores Roberto López Abad y María Dolores Amorós, entre otros, por esconder la real situación de la caja en beneficio propio y cobrar indebidamente 47,3 millones en retribuciones.

No obstante, la magistrada remitió las pesquisas relativas a las dietas, por las que hay imputada una veintena de antiguos consejeros de la entidad, a los juzgados de Alicante.