Piden cárcel para un directivo de una inmobiliaria por estafa

La fiscalía ha mantenido hoy su petición inicial dos años y medio de prisión y multa 1.800 euros para el directivo de una cooperativa dedicada a la promoción de viviendas por estafar presuntamente a siete inversores.

El juicio por estos hechos, sucedidos entre febrero y marzo de 2008, se ha celebrado hoy en la sección tercera de la Audiencia Provincial de Alicante y el presunto estafador, G.M.H.B., ha negado el desfalco, según fuentes del Ministerio Público.

El fiscal del caso ha mantenido ante el tribunal que el procesado no aplicó las cantidades entregadas por los perjudicados, que oscilaban entre los 21.000 y los 31.800 euros a la promoción de casas, ni aseguró su devolución.

G.M.H.B. era el propietario de dos tercios de las participaciones sociales de la firma Gestora de Vivienda Tizona SL, aunque estuvieran a nombre de su mujer y de un amigo, según la acusación pública.

Esta mercantil tenía como objeto la promoción de viviendas en la pedanía alicantina de Villafranqueza y gestionaba a su vez la actividad de la Cooperativa Salvamar.

El sospechoso pidió a varios familiares y conocidos que se constituyeran como consejo rector de la citada cooperativa, aunque éste fue modificado una vez que empezaron a adherirse a la misma los cooperativistas.

Una asesoría jurídica supervisada por el propio G.M.H.B. redactaba los contratos de incorporación a la cooperativa, entre ellos los de los siete perjudicados por este supuesto fraude.

El 18 de junio de 2010, la junta de Salvamar acordó proponer la resolución de un contrato firmado con otra promotora para la adquisición de un solar en Villafranqueza en el que se iban a ubicar las viviendas.

Según el escrito de acusación provisional de la fiscalía, la cooperativa debía indemnizar a la propietaria del terreno con 100.000 euros, pero no costa qué respondió a la propuesta de la cooperativa.