efe
Martes, 3 de mayo 2016, 18:55
El juzgado de lo Mercantil 2 de Alicante ha rechazado hoy que se hayan registrado irregularidades en el concurso de acreedores del hotel Sidi de la Playa de San Juan, ubicado en esta ciudad.
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Así consta en el acta de comparecencia facilitada por el propio órgano judicial al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) y remitido por este último a los medios.
El juzgado había citado a las partes esta mañana para que uno de los acreedores, Sidi San Juan Cooperativa Valenciana, concretase las "graves irregularidades" que previamente había denunciado.
Los denunciantes no se han presentado a la cita, pero se han remitido a un escrito anterior donde criticaban que se hubiera convocado la subasta para la venta del hotel antes de que la decisión del juzgado adquiriera firmeza.
El magistrado entiende que en este caso es de aplicación preferente otro artículo de la Ley Concursal, el 197, según el cual los recursos no suspenden el procedimiento.
En cuanto al hecho de que el acreedor calificado como "privigilegiado" en este concurso, Caixabanc, sea exonerado de consignar el 5 por ciento del precio de salida del inmueble, el juez ha recordado que mantiene desde 2010 el mismo criterio y éste es compartido por la Audiencia de Murcia, entre otros órganos.
La propietaria del hotel, Sidi Española SA, demandada en este proceso, mantiene por su parte que ha facilitado "toda la información" sobre los bienes objetos de subasta a todos los interesados.
Mientras tanto, la administración concursal ha expuesto que se ha guiado por los parámetros establecidos en el plan de liquidación de los activos de la demandada.
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Tras negar las supuestas irregularidades denunciadas, el juzgado ha instado a la administración concursal a que le comunique si decide presentar una querella por atentado contra su honor.
La sugerencia se produce después de que la cooperativa anunciase que iba a llevar el caso ante la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía Nacional, lo que comporta "implícitamente" que la administración estaba "cometiendo delitos", según el acta judicial.
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