El juez sienta en el banquillo a López Abad y al consejo de la CAM por las dietas a Crespo

La antigua cúpula de la Caja de Ahorros del Mediterráneo, incluidos el exdirector general Roberto López Abad y el expresidente Modesto Crespo, se encuentra a un paso de sentarse en el banquillo de los acusados por presuntamente pactar el pago de 300.000 euros en dietas anuales para el segundo de ellos por ejercer un cargo que debía ejercer sin remuneración alguna. El Juzgado de Instrucción 5 de Alicante ha acordado transformar la causa en procedimiento abreviado y procesar a los veinte investigados en este asunto, que traspasó recientemente la Audiencia Nacional a los tribunales alicantinos, por los delitos de apropiación indebida y administración desleal.

La maniobra que suscitó la investigación por parte de Anticorrupción se remonta al año 2009, en plena crisis económica y con una caja mostrando síntomas de flaqueza a solo dos años de caer en la ruina. Según apunta el procedimiento dirigido casi en su totalidad por el Juzgado Central de Instrucción 3, del que es ahora titular Carmen Lamela, el empresario ilicitano se hizo con un montante de al menos 600.000 euros tras su nombramiento como presidente de Tinser Cartera SL, cuyo único accionista era la caja levantina.

Las tesis de la Fiscalía Anticorrupción han apuntado en todo momento a que esos pagos corresponden a remuneraciones encubiertas como dietas para el enriquecimiento del expresidente, una línea que mantiene ahora el juez de Alicante con su auto, al que ha tenido acceso este diario, por los claros indicios de delito que advierte una vez analizados los seis tomos con abundante documentación sobre este asunto.

En el epicentro de la operativa para beneficiar a Modesto Crespo se encuentra el entonces director general de la CAM. La investigación señala a Roberto López Abad como quien propuso retribuir al presidente con el abultado montante dispuesto como dietas.

El acuerdo de las dietas para Crespo se adoptó por unanimidad en el Consejo de Administración del 27 de noviembre del 2009, la misma fecha en la que se nombró al entonces presidente de CAM también asumir la presidencia de la sociedad participada. Incluso, ese día se aprobó abonar con carácter retroactivo pagarle por el semestre anterior, «en el que no desempeñó cargo alguno», algo que no había ocurrido antes, como recoge la resolución judicial en referencia al informe elaborado por la Fiscalía Anticorrupción en el que se detalla la presunta maniobra fraudulenta.

Cargo sin actividad

La decisión de los consejeros se tomó a finales de un año en el que la caja alicantina ganó la mitad de lo amasado solo un ejercicio anterior y embarcada en un buen número de operaciones centradas en el ladrillo que acabarían por arrastrarla al rescate.

Pese a ello, los directivos de la CAM optaron por convertir a Crespo en el presidente que percibió, al menos, 600.000 euros por las funciones de un órgano que «carecían de dedicación de tiempo, esfuerzo o responsabilidad», como resume en su auto del juez Alejandro González Mariscal de Gante. La Fundación CAM, como supuesta perjudicada por estos hechos, eleva el montante hasta los 640.000 euros.

La causa recayó en Alicante casi a punto de finalizar, después de que la titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 tratase de incorporar esta pieza al presunto desfalco de los exdirectivos de la caja con el cobro de dietas. En dicha investigación también se encuentran imputados, ahora investigados, Crespo y los exdirectores Roberto López Abad y María Dolores Amorós, entre otros, por esconder la real situación de la caja en beneficio propio y cobrar indebidamente 47,3 millones de euros en retribuciones.

Sin embargo, la Juez Lamela se desdijo y el pasado mes de febrero acordó el traspaso de las diligencias previas al Palacio de Justicia alicantino, cuyo Decanato repartió el sumario a Instrucción 5 de Alicante. González Mariscal de Gante estudió el asunto y las distintas peticiones de archivo que tan solo ha dictaminado para uno de los acusados.

Archivo provisional

Ha quedado fuera de la causa Juan Martínez-Abarca Ruiz-Funes, ex asesor jurídico de Caja Mediterráneo. El letrado estaba acusado de falsificar el acta de la reunión donde se pactaron los acuerdos, un extremo que niega el Ministerio Público, como plasmó en su informe presentado en marzo en el juzgado de la capital alicantina. El juez destinado en Alicante acoge las tesis de Anticorrupción y acuerda el sobreseimiento provisional para él, quien ha estado representado en el procedimiento por el abogado penalista Moisés Candela Sabater.

Pocos movimientos judiciales restan para el enjuiciamiento de los investigados. No obstante, y en función de las penas que pida el Ministerio Fiscal, el sumario podría recalar en un juzgado de lo Penal del Palacio de Justicia de la capital o a un tribunal de la Audiencia Provincial de Alicante. En el primer caso, lo apretado de las agendas podría relegar la vista oral hasta dentro de tres años, siendo optimista, dado el atasco que padecen pese a las reiteradas advertencias por la falta de medios. Respecto a que sea la sede provincial quien acoja el presumible juicio, los tiempos se acortarían significativamente.