Un constructor acusado en el 'PGOU' recurre su imputación ante la Audiencia Provincial

Los últimos compases de la investigación por las presuntas irregularidades del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante se dirimen entre el Juzgado de Instrucción 5 de la capital y la Audiencia Provincial. Así en lo que respecta a la situación procesal del constructor ilicitano Ramón Salvador Águeda, quien ha recurrido al órgano provincial el hecho de que se sigan las actuaciones contra él. El instructor de esta pieza desgajada del 'caso Brugal', Manrique Tejada, rechazó en abril pasado sobreseer la causa para el empresario, al mismo tiempo que dejaba fuera del sumario al exdirectivo de CAM Daniel Gil.

El juez sostenía en su auto que nada había cambiado con respecto a Salvador «sobre la existencia de indicios suficientes» para mantener su situación procesal. De hecho, Tejada aludía a unas conversaciones en las que se podía ver al constructor departiendo con el presunto corruptor de esta pieza sobre el urbanismo de la ciudad, Enrique Ortiz, sobre los planos del Plan General. Todo ello, sin que dichos documentos fuesen públicos todavía.

Asimismo, el Grupo de Blanqueo de Capitales de la UDEF de Alicante encontró en el despacho Salvetti, de los investigados José Luis Castedo (hermano de la exalcaldesa del PP también imputada Sonia Castedo) y el exsocialista Javier Gutiérrez, un contrato entre la empresa de Salvador y este último. En dicho documento se fijan las condiciones para que se modifique la calificación de suelo del ilicitano que se encuentra en un sector se encuentra ubicado junto a una zona de especial protección paisajística y ecológica, como detalló el juez en el auto que rechazó el archivo de la causa para él.

La Fiscalía Anticorrupción y la acusación popular de Esquerra Unida del País Valencià (EUPV) se opusieron igualmente al sobreseimiento provisional del empresario interesado en modificar los terrenos de la Partida de Plan de Xirau.