La concertada atribuye la reducción de los cierres de aulas a las protestas

El anuncio de Educación de que reducirá el número de aulas concertadas que se cierran ha dejado sensaciones agridulces. El alivio de los centros que se escapan del recorte, al menos de los que aparecían en la nota de prensa del departamento, choca con la incertidumbre de los que no tienen noticias y con el malestar de los que dispondrán de aulas mixtas, una solución que no convence a los afectados, a los representantes de los trabajadores ni a las patronales.

Además, diferentes organizaciones rechazaron ayer el argumento esgrimido por Marzà de que los cambios en la previsión inicial responden al estudio de las alegaciones de los colegios, pues se mostraron convencidos de que la oleada de críticas de las últimas semanas, por no hablar de las concentraciones de protesta, han influido en la decisión. «Por supuesto que ha afectado la presión social. Las patronales, los centros y el sector se han movido en los últimos días con este objetivo», explicaba ayer el presidente de la Federación de Centros de Enseñanza, José Manuel Boquet.

En términos similares se pronunció Vicenta Rodríguez, de Escuelas Católicas, que además lamentó las formas utilizadas para hacer el anuncio. «¿Por qué se ha recurrido a una nota de prensa y no se ha hecho de una manera más sensible? Además, si no se cita a todos los que escapan de los cierres se está generando incertidumbre entre los que no aparecen. Y está claro que ha existido presión social. ¿Significa esto que se va a funcionar por presiones o en función de los intereses legítimos del alumnado?», se preguntaba ayer.

En un comunicado, la Federación de Enseñanza de USO CV destacó que el miércoles por la mañana se informó a los sindicatos de que los primeros en conocer la resolución de sus reclamaciones serían los titulares. Sin embargo, «horas después la conselleria emitió un comunicado para salir al paso de las críticas que estaba sufriendo la administración tanto de los sindicatos como de las patronales y en especial de los padres, que ven negada la posibilidad de elegir dónde escolarizar a sus hijos al reducirse la oferta».

En este sentido, también dijeron que el objetivo del comunicado era «mejorar la imagen» frente a la denuncia presentada ante el Síndic de Greuges por la Mesa por la Educación en Libertad, que alertaba de la «repercusión negativa» que a su juicio tienen las políticas de Educación.

Boquet también criticó las palabras de Marzà cuando señaló vía comunicado que en años anteriores no se tenían en cuenta las alegaciones. Explicó que antes la propuesta de Educación se negociaba con las patronales, lo que permitía «filtrar» los casos , y que pese a todo siempre se atendía alguna reclamación.

Además, dijo que la planificación inicial «respondía a criterios ideológicos y políticos». «La administración podía saber cuántos alumnos de compensatoria hay en los centros sin esperar a las alegaciones. ¿Por qué no se hizo así desde el principio?», señaló. Se refería a que Educación ha excluido de los recortes a los colegios afectados que alegaron atender a más de un 30% de estudiantes con necesidades de apoyo.

Por último alertó de que las aulas mixtas de tres y cuatro años que se autorizan a algunos centros «no son una buena solución pedagógica», antes de recordar que en cualquier caso implican la supresión de una unidad, que quedará fuera del concierto. Esta alternativa se ha permitido en centros que inicialmente perdían aulas de Infantil o Primaria. Aunque se favorece la matrícula de nuevos niños, es seguro que la medida implicará una reducción de profesores.

Primera concentración

Alcoy acogió ayer la primera gran protesta del sector contra los cierres de aulas, si bien en el manifiesto también se criticaban otras políticas impulsadas por el departamento como la eliminación del distrito único o la no concertación de nuevas unidades. En la cita, organizada por las Ampas de los concertados de la localidad, participaron representantes de colegios de otros municipios alicantinos y de Valencia, así como de patronales, sindicatos y de partidos políticos.

Según fuentes de la organización, los datos que manejaba la Policía Local hablaban de unos 3.400 participantes. «Es grato ver la plaza llena, mostrando una imagen de unidad. Confiemos en que sirva para que desde la administración se nos escuche», explicó Juanfra Álvarez, director del colegio Sagrada Familia-Esclavas. En la localidad hay tres centros afectados por la planificación inicial.

«Son ataques infundados»

Vicent Marzà defendió ayer el arreglo escolar y dijo que desde la Conselleria «miran por los niños» mientras «hay quien mira por el titular del centro» en alusión a las críticas de las últimas semanas y a la protesta convocada por los colegios diocesanos y por la patronal Escuelas Católicas. «No he escuchado manifestaciones de estos grupos cuando ellos mismos tenían a sus niños con 28 por aula, cuando solo cabían 22». «No sé por qué no se manifestaban por la calidad educativa de esos niños y sí que se manifiestan ahora pensando en no sabemos qué», dijo.

A su juicio, durante la planificación «se han dicho barbaridades y mentiras». Recordó que los centros que no llegaban a una demanda mínima de ratio pero que tienen al menos un 30% de niños con necesidades de atención compensatoria conservarán las aulas pese a que en principio debían desactivarse. Cree que los que realizan «una función social potente» lo tenían que «demostrar» porque «no se podía actuar de primeras en todos los centros que no estuvieran catalogados» como Caes (los que cumplen el anterior requisito).