Hacienda plantea no reducir el precio de las contratas y subir el sueldo a sus plantillas

La concejal de Hacienda, Sofía Morales, acepta la propuesta de Guanyar de que no se reduzca el precio de los concursos con el objetivo de que esa diferencia «repercuta» en la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores de esas empresas. De esta manera, según Morales, se equipararían paulatinamente los emolumentos y otras condiciones laborales de estos empleados con respecto a los de los funcionarios municipales, lo que facilitaría en un futuro la municipalización de los servicios.

Guanyar se da de plazo hasta el lunes para adoptar una postura definitiva, aunque el informe del secretario ya adelanta que la figura de transmisión de empresas que han utilizado otros municipios como Alzira no es posible. Esta fórmula supone una discriminación salarial y laboral entre los empleados de estas contratas, que continuarían en la plantilla municipal, con los funcionarios de su misma categoría, según el técnico municipal. «No puede haber trabajadores de primera y segunda», manifestó Morales.

La solución que consensuaron entre el portavoz de Guanyar, Miguel Ángel Pavón, y la concejal de Hacienda es aumentar el salario de los empleados de las empresas hasta equipararlos con sus homólogos municipales para que se conozca el coste real de las contratas y sea más sencillo de asimilar por el Ayuntamiento en un futuro, que esperan sea próximo. Ahí es donde está el principal problema, puesto que Guanyar quiere sea solo un año, pero los socialistas apuestan por un mínimo de dos, prorrogables.

Pavón también propuso incluir algunas cláusulas sociales en el pliego de condiciones para que las mejoras en los trabajadores supongan una mejora en la baremación. Una postura que lleva adelante la exdiputada autonómica de EU Esther López Barceló en el Ayuntamiento de Madrid, donde ejerce de jefa de gabinete de la Concejalía de Economía, que dirige Carlos Mato.

Sofía Morales recordó que los socialistas incluyeron en el programa electoral la municipalización de las contratas, y que mantienen su intención en cuanto sea posible. Probablemente, dentro de dos años, puesto que es intención del equipo de gobierno licitarlos por este periodo de tiempo. Con menos tiempo no sería rentable para las empresas y difícilmente se presentaría alguna, por lo que Ortiz continuaría cobrando el servicio, como hasta ahora.

Urgencia

Morales urge a sus socios de gobierno, Guanyar y Compromís, a decidirse por sacar un nuevo pliego de licitación para evitar seguir «estudiando esto tres años» sin llegar a una conclusión y, mientras, seguir prorrogando el pago mes a mes a la actual adjudicataria. «Hay que dar una solución cuanto antes porque pasará la legislatura y no se ha hecho nada», avisó la edil de Hacienda.

Guanyar abrió la puerta en la reunión del martes a licitar nuevos contratos para no continuar pagando mes tras mes los servicios fuera de contrato, algo que Intervención reprocha a cada pago. El lunes, parece, se tomará una decisión definitiva, que todo indica que será la licitación en el menor plazo posible. Es posible que antes de Hogueras para que haya nuevo adjudicatario tras el verano una vez cumplimentados todos los trámites administrativos pertinentes, según indicaron fuentes municipales.

Sofía Morales aseguró que la nueva licitación se hará «lo mejor posible para que no ocurran cosas que no queremos que ocurran», en velada alusión a amaños en los contratos, que se sospechan, pero nunca se han probado, en el Ayuntamiento. Para ello, se hará un concurso «de forma limpia, transparente y en libre concurrencia» que, probablemente, será por dos años ya que por un solo año parece que sería difícil de aceptar por las mercantiles.

A estos concursos podrá concurrir el empresario Enrique Ortiz, ya que el Ayuntamiento no puede hacer «de juez sino de administrador», argumentó Morales. Agregó que, si no hay una decisión judicial vinculante, podrá concurrir cualquier interesado que cumpla «las condiciones legales y democráticas».