Investigan las subvenciones municipales a un club deportivo y entidad festera

El Tribunal de Cuentas investiga al ayuntamiento de Benidorm por presuntas responsabilidades contables durante el mandato del socialista Agustín Navarro.

En esta ocasión analiza dos subvenciones otorgadas por el ayuntamiento a un club deportivo y a una entidad festera.

Las actuaciones del Tribunal se inician como consecuencia del informe de fiscalización "sobre las obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto, reparos e informes hechos por Intervención", así como "los acuerdos adoptados por los órganos de gobierno contrarios al informe de la Secretaría de las Entidades Locales".

El documento que notifica el inicio de las actuaciones previas, al que ha tenido acceso Efe, subraya los reparos efectuados por el interventor municipal en dos cuestiones.

Por un lado, en cuanto a las cantidades pagadas a cuenta de la subvención de 2010 por valor de 15.000 euros al Club de Fútbol Sala Benidorm.

Según el Tribunal, "la justificación del convenio se presenta en marzo de 2013" cuando el plazo había finalizado "el mes de febrero de 2011".

El tribunal de Cuentas indica que no se tiene "constancia" de que la entidad deportiva "haya tenido actividad con posterioridad al ejercicio mencionado", lo cual "le inhabilitaría para ser beneficiaria en la actualidad".

Se precisa asimismo que "no consta" quién ejerce la representación del club y se aclara que el reparo de Intervención fue remitido al área de Deportes en abril de 2013 y que el alcalde "por decreto" aprobó la justificación y el pago en mayo de ese año.

Por otro lado, también se investiga el reparo formulado en abril de 2013 a las cantidades pagadas a cuenta de la subvención de 2011 por valor de 4.808 euros, a la Hoguera El Mercat.

En este caso, el Tribunal cree que "se ha incumplido el plazo establecido" y que "la justificación aportada no cumple los requisitos de una factura válidamente emitida", por lo que estima que "procede acordar el reintegro".

Más adelante, el instructor opina que estos hechos "pueden ser constitutivos de responsabilidad contable" y de ahí que se deberá determinar si los hechos denunciados como ilícitos "pueden ser generadores o no de responsabilidad contable por alcance".

Por todo ello, el instructor ha solicitado al ayuntamiento la remisión de un informe en el que deberán quedar justificadas las irregularidades "si se considera que no han causado daños al erario público".

Si, por el contrario, el consistorio considerase que sí ha habido daño al erario, "deberá indicarse la cuantía en que se cifra el presunto daño", así como el período temporal "y las personas presuntamente responsables".

El instructor recalca que es "imprescindible" determinar las autoridades o funcionarios que intervinieron en el control contable de los hechos denunciados.

Por último, se ha solicitado la documentación existente si las irregularidades denunciadas "han sido recurridas en vía jurisdiccional, contencioso-administrativa, social o, en su caso, penal".

Para todo ello, el ayuntamiento dispone de un plazo de 15 días, que empezó a contar desde el pasado 5 de mayo.