Un acusado de viajar con 600 kilos de hachís alega que necesitaba el dinero

La Guardia Civil lo pilló a la altura de Villena en un control antiterrorista cuando viajaba de Málaga a Barcelona con un cargamento de 600 kilos de hachís en su furgoneta. Ayer, el acusado por estos hechos no pudo negar la evidencia y admitió ante el juez que lo hizo acuciado por las deudas contraídas con los responsables del encargo, según detallaron las fuentes jurídicas consultadas. El procesado, de nacionalidad marroquí, se enfrenta a una petición de pena del Ministerio Público de cuatro años entre rejas, tal y como mantuvo ayer la representante del fiscal.

Los hechos se remontan al año 2011, cuando el 14 de julio A.M.M. conducía por la autovía A-31. Su plan eran trasladar la droga a la capital catalana, pero todo se vino abajo cuando aparecieron en escena los agentes del Instituto Armado. Los uniformados se encontraban realizando un control antiterrorista en el kilómetro 190,500 del transitado vial a la altura de Villena. Cuando hicieron al acusado enseñar la carga, los investigadores se toparon con catorce fardos con casi mil tabletas de hachís con una pureza del 20,2% y otras seis mil tabletas de la misma sustancia de una pureza del 11,5%.

La investigación apunta a que el procesado cargó la droga en un centro comercial de la localidad de Vélez-Málaga para hacer un viaje de alrededor de mil kilómetros hasta Barcelona. Justo a mitad del camino, el hombre se topó con la fuerza policial que dio al traste con sus intenciones.

La Fiscalía califica los hechos como un delito contra la salud pública con sustancia sin grave riesgo pero de notoria importancia por la cantidad y exige la imposición de una multa de dos millones y medio de euros, que casi el doble del valor que hubiese alcanzado la droga en el mercado negro. Una vez analizada la sustancia, se estimó su precio para la venta en la calle de 1.117.032 euros, como recoge el escrito provisional de acusaciones.

La defensa del reo, representado por el penalista José Soler, solicitó tras su informe final una rebaja de la pena que pide la acusación pública hasta el año y medio de prisión al considerar que se dan las atenuantes de dilaciones indebidas y drogadicción, tal y como pudo saber este diario.