Anticorrupción pide encarcelar a dos exalcaldes por las basuras de Orihuela

El basurero sobre el que parecía asentarse el Ayuntamiento de Orihuela en los últimos años de gobierno del PP se viene abajo. La investigación por adjudicar la gestión del servicio de recogida de residuos en la ciudad, y sus playas, llega a su final con la acusación formal de la Fiscalía Anticorrupción y su petición para que se abra juicio oral contra 34 imputados. El Ministerio Público pone contra las cuerdas al presunto corruptor, Ángel Fenoll, para quien reclama una pena de 37 años y dos meses de prisión, así como a los exalcaldes José Manuel Medina y Mónica Lorente, quienes se enfrentan a 12 y 8 años entre rejas, respectivamente.

El representante del fiscal finiquita la pieza de las basuras que afectan directamente a Orihuela del 'caso Brugal' después de hacer lo propio con el contrato adjudicado por la Diputación Provincial para el conjunto de la Vega Baja en marzo de este mismo año. En su escrito provisional de conclusiones de 148 páginas, facilitado ayer por la Fiscalía General del Estado (FGE), la acusación pública relata los presuntos tejemanejes para prolongar la prestación del servicio por parte de Colsur SL, de Fenoll, de forma provisional desde 1992 hasta 2008, año en el que se hizo con el contrato público, cuando debieron ser solo dos años.

Los números resultan apabullantes, pues el Ministerio Fiscal acusa a 34 personas, entre las que se encuentran los exalcaldes populares, además de otros siete exediles del equipo de gobierno del PP en el Ayuntamiento, empresarios, funcionarios y colaboradores del industrial Fenoll. En total, las peticiones de cárcel suman 220 años entre rejas, las de inhabilitación superan los 1.640 años y las multas que solicita el fiscal ascienden a los 588.000 euros.

No es para menos teniendo en cuenta que entre los delitos se encuentran los de prevaricación, fraude, negociaciones prohibidas a funcionarios, utilización de información privilegiada, revelación de secretos, coacciones, extorsión, tráfico de influencias, cohecho y delito electoral.

El empresario, según Anticorrupción, se rodeó de un buen número de colaboradores en el seno de la casa consistorial oriolana, a quienes supuestamente agasajaba con favores y maletines en metálico, transacciones que Fenoll no dudó en grabar en vídeo, como también hizo con las conversaciones telefónicas. Se trata, por tanto, de la pieza que dio lugar a la 'Operación Brugal'. Las desavenencias que surgieron entre el magnate de los residuos en la provincia con Medina y su entorno le llevó a entregar las cintas a la Fiscalía, cuyos responsables tiraron del hilo del que se desgajan una veintena de piezas.

En este caso, el objetivo de tantas atenciones por parte de Ángel Fenoll parecía claro: mantener en suspenso la adjudicación, mientras que Colsur SL prestaba el servicio de forma provisional, para finalmente entregar el contrato al empresario. Y en ello, según narra el fiscal, se pusieron tanto el dueño de la mercantil agraciada y toda su legión de colaboradores, como los alcaldes, primero Medina y luego Lorente, amén de los concejales y funcionarios señalados como miembros de la trama corrupta.

Las presuntas irregularidades se remontan a la redacción del primer pliego para licitar el servicio de recogida residuos. Allá por el año 2000, el fiscal detalla cómo Fenoll supuestamente entregó siete millones de pesetas para costear la representación letrada de José Manuel Medina y otro concejal que recogió el edil de Personal, Miguel Pedro Mazón, en un encuentro filmado.

La Fiscalía les atribuye métodos propios de la mafia para lograr sus fines mediante la extorsión. Por ejemplo, en el escrito se recogen intentos por chantajear a la socialista Antonia Moreno o al ya fallecido Joaquín Azcurra, del Centro Liberal Renovador (CLR).

Mientras, el escrito recoge todo un compendio de irregularidades electorales para llevar a Mónica Lorente a la Alcaldía del municipio, como así sucedió en 2007 gracias, en parte, a la financiación de buena parte de la propaganda, con aportaciones de hasta 15.000 euros y llenando las plazas donde los líderes populares celebraban sus mítines, siempre según la versión de Anticorrupción. La operación la hacían a través de una firma de cartelería, que pasaba los cargos a las mercantiles de Fenoll. La acusación va más allá y les tribuye incluso la compra de votos «a pie de urna» para las municipales y autonómicas de mayo de ese año.

El Ministerio Público recuerda además que ni el Partido Popular ni el Partido Social Demócrata, liderado entonces por el investigado Jesús Ferrández, aportaron la documentación contable requerida durante la instrucción del caso en el juzgado de Primera Instancia e Instrucción 3 de Orihuela.

La jugada de coronar a Lorente resultó del todo ventajosa, pues sus roces con Medina, quien la llegó a cesar, y su buena predisposición a demorar la adjudicación del contrato encajaba a la perfección con la estrategia de Fenoll. De hecho, fue de la exalcaldesa de quien nació la propuesta de buscar informes independientes que validaran la puntuación de las empresas presentadas al concurso público de las basuras en el año 2006, un año antes de su ascenso. Todo por demorar el contrato y no entregarlo a Urbaser, la empresa mejor valorada por el ingeniero municipal, como sostiene la Fiscalía.

El acuerdo para que la Universidad Politécnica de Valencia elaborase un informe de valoración de las plicas tuvo como único objetivo «provocar la indebida, innecesaria e injustificada paralización de la adjudicación en fraude de los intereses que legalmente estaba obligados a proteger», como sentencia la acusación pública.