El juez archiva la investigación del Plan Rabasa y exculpa a Castedo y a Ortiz

Punto final, otra vez, a la investigación por los presuntos amaños del Plan Parcial Las Lagunas de Rabasa. El juez que instruye el caso del supuesto 'pelotazo' de Enrique Ortiz, verbigracia de destacados miembros del Ayuntamiento, en el mayor proyecto urbanístico de la ciudad de Alicante da por concluida la instrucción con diligencias pendientes, pues sostiene que en modo alguno se vislumbra «actividad delictiva alguna». Así lo decreta el magistrado titular de Instrucción 6 de la capital alicantina, César Martínez, responsable de una de las piezas nacidas del 'caso Brugal' oriolano que más escollos ha tenido que solventar, como demuestra este tercer sobreseimiento. No obstante, la resolución no es firme y contra ella cabe recurso de reforma y en apelación.

El juzgado indagaba, desde que la Audiencia Provincial ordenara la reapertura del caso en 2013 a instancias de Anticorrupción y tras la denuncia de Esquerra Unida, la confección de una posible trama corrupta en el seno del consistorio alicantino a fin de sacar provecho beneficiando a Enrique Ortiz. Así lo consideró el Grupo de Blanqueo de Capitales de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), en cuyo informe se detallaba un completo sometimiento de la maquinaria administrativa al servicio del industrial y su enriquecimiento.

Por ello, el antecesor del actual instructor, Juan Carlos Cerón, imputó a la exalcaldesa del PP Sonia Castedo, al empresario y a varios responsables de Urbanismo por prevaricación y tráfico de influencias por las decisiones adoptadas en el mayor proyecto urbanístico de la ciudad. En él debían construirse, por parte de la firma Visomed de Ortiz, más de 13.000 viviendas y llevar el macrocentro comercial ligado a Ikea.

Sin embargo, estos indicios parecen haberse evaporado tras una instrucción que acumula decenas de horas de grabaciones telefónicas y declaraciones, así como «voluminosos» expedientes administrativos en los dieciséis tomos de la causa. Así lo entiende el magistrado, quien recuerda a la Fiscalía, a Esquerra Unida del País Valencià (EUPV) y al PSPV-PSOE como acusaciones que «no basta con referir esa especie de sospecha generalizada de corrupción».

Martínez les achaca no haber «precisado ninguna resolución» constitutiva de los delitos imputados a los investigados. Por ello, finiquita la investigación, la cual zanja liberando a dos ex altos cargos de Fomento de tener que declarar y a varios responsables de Ikea de testificar. No encuentra el magistrado visos por querer beneficiar a Enrique Ortiz por parte de Emilio Peiró y Javier Criado, jefe y director general de carreteras, respectivamente.

«Son ocho años ya», recuerda el juez, «los que han transcurrido desde que se incoaron estas diligencias previas» cuya investigación, según dice en el auto, ha de dar por «conclusa» porque de lo contrario «sería, sencillamente, mantenerla abierta de forma artificial, lo que no es legítimo». Por este motivo rechaza la petición del Ministerio Público de decretar compleja la causa.

Para el instructor, las partes acusadoras deberían haber identificado «con toda claridad» las resoluciones «prevaricadoras o influidas». «Y no se ha hecho», prosigue el magistrado, quien además asevera que «no basta con la transcripción de unas conversaciones, ni siquiera con la interpretaciones pueda hacer la policía» cuya valor reside a la hora de iniciar la investigación, según sostiene. Un trabajo policial, reflejado en un informe de más de 800 páginas, que podría quedar tirado por tierra de confirmarse el fallo. Tampoco ve preciso seguir indagando en los pagarés por siete millones que ofrece el marido Isabel Campos, por lo «infructuoso» del resultado.

Aprecia como «excepción» a estas consideraciones la posible comisión de un delito de cohecho impropio por el regalo de un bolso valorado en 200 euros de Ortiz a una de las funcionarias encausadas, Isabel Campos, pero concluye que «estaría ya prescrito al momento de la reapertura de esta causa».

Las primeras sospechas surgieron en el año 2007. Por aquel entonces, el Juzgado de Instrucción 3 de Orihuela se encontraba inmerso en la investigación por el contrato de las basuras del municipio en plena eclosión de la 'Operación Brugal'. Los indicios aparecidos en las intervenciones telefónicas en uno de los colaboradores el empresario alicantino, Rafael Gregory, llevaron a Anticorrupción ante los juzgados de la capital para solicitar el inicio de unas pesquisas que Instrucción 6 sobreseyó tras rechazar las escuchas sobre Enrique Ortiz.

Llegados a este punto, el magistrado hace hincapié en que solo es este juzgado quien ha de conocer sobre el caso, cuyo «material probatorio» procede «en su totalidad» de los pinchazos policiales sobre Ortiz. Unas intervenciones telefónicas que autorizó el juzgado de Orihuela entre 2008 y 2010 que permitieron a EUPV presentar la denuncia para indagar en el asunto después del primer carpetazo. César Martínez evita resolver sobre la nulidad las escuchas porque la Audiencia Provincial «ha vedado la posibilidad» de hacerlo en instrucción, por lo que tan solo sentencia que «nada se ha de valorar aquí».

El instructor comienza sus fundamentos jurídicos desvinculando la idea de que el Plan Rabasa de por sí «no es una actividad delictiva», por lo que «las actuaciones encaminadas a su tramitación, aprobación y ejecución no pueden ser definidas 'ab initio' como una trama».

Además, el magistrado asegura que «ninguna relevancia tiene a los efectos del procedimiento» que su tramitación sea «más o menos conveniente» al desarrollo urbanístico de la ciudad o que «se pueda estar conforme o disconforme». A partir de entonces, Martínez tumba a lo largo del medio centenar de páginas las tesis de las acusaciones.

Según detallaron las fuentes consultadas, las acusaciones, tanto la pública como la popular, se encontraban ayer inmersas en el estudio del documento antes de recurrir el extenso auto, extremo que confirmó de forma oficial el partido socialista alicantino.

El magistrado zanja las posibles irregularidades de proseguir con la tramitación del Plan Parcial pese a la suspensión cautelar dictada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) por los muchos recursos contencioso-administrativos interpuestos.

Dice en el fallo que «no procede aquí» entrar a debatir si el hecho de someter a exposición pública del convenio de Visomed e Ikea era contrario a la medida. A este respecto, el instructor afea a los denunciantes, algunos personados como acusación, no «poner en conocimiento del tribunal el hecho de que se estaban produciendo actuaciones vulneradoras de la suspensión».

Martínez alude a la legitimidad de las actuaciones llevadas a cabo tanto por el Ayuntamiento como por el industrial dueño del suelo en el que implantar Ikea y más de 13.000 viviendas. Sobre Ortiz, como urbanizador, defiende el magistrado su «postura activa para el continuo avance del plan» donde además «la confluencia entre el interés público y el privado es en este caso evidente».

Igualmente, tampoco observa mala fe en el informe elaborado por María Ángeles Sierra, funcionaria puesta como jefa de Planeamiento de Urbanismo tras apartar a su predecesor, reacio al macroproyecto. Como tampoco parece sospechoso, como sí apunta la UDEF, que se decretasen sesiones plenarias de urgencia agilizar el Plan.

Competerá, de nuevo, a la Audiencia Provincial pronunciarse sobre si la decisión del magistrado es la adecuada. Los recursos salvarán el paso por el juzgado, casi con total seguridad, y llegarán en forma de apelación directamente a la sede provincial para que determine si se trata de un punto y aparte, como ha ocurrido antes, o del definitivo punto final.