Juzgan al rejoneador Manuel Manzanares por la agresión a un joven a las puertas de un pub

El rejoneador Manuel Manzanares ha tenido que acudir a una plaza a la que poco gusta arrimarse y menos si es para sentarse en la bancada de los acusados. Sin embargo, el hermano menor del torero José María Manzanares debía presentarse ayer en el Juzgado de lo Penal 3 de Alicante para rendir cuentas por una pelea que se remonta a la noche de Halloween de 2011, en la que resultó herido de gravedad un joven de 20 años que llegó a entrar en coma.

El Ministerio Público le atribuye al rejoneador una falta de amenazas y otra de maltrato sin causar lesión, ya que imputa el fuerte puñetazo propinado a la víctima a uno de sus compañeros de fiesta.

El suceso se remonta a hace casi un lustro, cuando todos ellos se encontraban en un establecimiento de ocio cercano a la Explanada de España. Según describe el representante del fiscal, la víctima cometió el error de charlar con la novia de Manuel Manzanares, momento a partir del cual se caldeó el ambiente, llegando las palabras a las amenazas de muerte. Tanto el hermano del conocido torero como el presunto agresor negaron los hechos, tal y como detallaron las fuentes jurídicas consultadas, pues descargan en un tercero, también amigo de la cuadrilla, la comisión de la brutal agresión, como así lo testificó ayer en la vista oral que se retomará en los próximos días.

La agresión tuvo lugar a las puertas del pub, como relata la Fiscalía. En un momento de tensión máxima, el amigo de Manzanares supuestamente soltó un derechazo que dejó por unos momentos inconsciente y convulsionando en el suelo al perjudicado. Una situación ideal para darse a la fuga, como sostiene la acusación pública. La acusación particular, que representa el letrado Juan Miguel Gualda, va más allá que la Fiscalía y atribuye al rejoneador, defendido por Ignacio Gally, el delito de lesiones.

El joven, que entonces tenía 20 años, sufrió lesiones en la cabeza llegando incluso a la fractura de uno de los huesos del cráneo que le ha dejado como secuelas un trastorno de estrés postraumático, cefaleas, síndrome postraumático cervical, así como otros dolores. Por ello, el Ministerio Publico reclama una indemnización de 12.860 euros.