El PSPV y Esquerra Unida anuncian que recurrirán el auto

El PSPV de Alicante y Esquerra Unida, ambos personados en la causa de Rabasa, anunciaron ayer que van a interponer un recurso en apelación ante la Audiencia Provincial contra el archivo del caso.

El PSPV remarcó que «aún faltan muchas diligencias por practicar para aclarar» si «se cometieron o no irregularidades» en la tramitación de ese plan, según explicó el portavoz de la Ejecutiva local, Lalo Díez.

«Por ello, vamos a pedir al magistrado que se llegue hasta el final de este asunto», explicó.

El partido dice que seguirá «luchando para que se conozca toda la verdad» de lo que se ha «visto y escuchado durante muchos meses en conversaciones telefónicas por parte de los imputados en este caso».

«Los alicantinos hemos tenido que aguantar el desprestigio que ha sufrido esta ciudad por la actuación del PP durante años, con sus máximos responsables Sonia Castedo y Luis Díaz Alperi a la cabeza y la connivencia de muchos de los que ahora siguen representado al PP en las instituciones», aseguran.

Por su parte, el portavoz de Guanyar en el Ayuntamiento de Alicante, Miguel Ángel Pavón, se mostró «indignado y decepcionado» por el «cierre en falso» del caso. Explicó que EU también va a recurrir el auto y recordó que ya consiguieron que se reabriese una vez cuando se sobreseyó.

Pavón asegura que no entiende los argumentos que da el magistrado para cerrar el caso porque «no tiene justificación alguna para no llegar hasta el final». En su opinión, lo que debería haber hecho es «haber declarado su complejidad, para evitar que prescribiesen los plazos y haber abierto el juicio».

El representante de EU estima que el cierre de este caso sin llegar a juicio «puede crear una sensación de impunidad ante presuntos casos de corrupción» y que además tiene efectos sobre temas de actualidad, como la llegada de la multinacional Ikea a Alicante.

Por ello, asegura que EU va a «hacer valer todo el trabajo que hemos desarrollado en estos años para que sean juzgados».

Pavón coincide en que las escuchas hacen «más que evidente» que «la actividad del Ayuntamiento estaba encomendada a beneficiar a un negocio» y que, aunque el juez no cree que se rebase la línea de la infracción penal, «sí que parece que se ha rebasado, al menos de forma indiciaria».

También señala que el magistrado «separa el ámbito empresarial del administrativo, cuando está claro que se entremezclaban de forma escandalosa, como se puede escuchar en conversaciones de Enrique Ortiz con una antigua funcionaria o con la exalcaldesa, Sonia Castedo».