El Consell recorta 78 millones de gasto y Montoro pide más garantías

El Consell presentó ayer el plan de ajuste al que pretende que el Ministerio de Hacienda dé el visto bueno con el fin de recibir el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). Sin embargo, el Ejecutivo valenciano se ha limitado a convertir su oferta inicial de no ejecutar 78 millones en un acuerdo de no disponibilidad en las cuentas presupuestarias. De este modo, el Gobierno valenciano ofrece un recorte negro sobre blanco de 78 millones y se compromete a ahorrar otros 92. A pesar de que la portavoz del Consell, Mónica Oltra, aseguró ayer que su planteamiento se sitúa «por debajo de los 170 millones exigidos finalmente» por el departamento de Montoro, lo cierto es que la suma de las dos cifras, 78 y 92, da exactamente esa cantidad que reclama el ministerio. Sin embargo, la fórmula que ha diseñado el conseller de Hacienda, Vicent Soler, disgusta en los despachos de la calle Alcalá, sede del gabinete de Montoro. Fuentes ministeriales confirmaron ayer a este periódico que desde Madrid exigen «sí o sí» que el Consell no se limite a comprometerse a no gastar. Para el ministerio, la Generalitat «tiene que transformar su previsión de inejecución en un acuerdo de no disponibilidad para que sea real y creíble, como han hecho todas las autonomías». Es decir, que suba la no disponibilidad a 170 millones en total.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) había cifrado el ajuste a exigir a la Comunitat en 212 millones de euros. Las conversaciones al más alto nivel (entre el propio presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y el ministro Montoro) habían rebajado la reclamación de recortes a los 170 millones, una cantidad que desde el Consell se intenta rebajar al máximo. Sin embargo, esa es la condición económica que reclama Hacienda para aprobar el plan de ajuste que negocia con la Conselleria de Hacienda, un periodo de conversaciones que debe acelerarse si la Generalitat quiere evitar el estrangulamiento financiero.

Cadena de presiones

El propio Soler admitió el pasado lunes que pronto habría problemas de «impagos» a los proveedores si no llega el FLA. Sin embargo, para que los fondos de liquidez aterricen en la Comunitat, Montoro exige los ajustes que el propio ministerio ya ofreció a la Unión Europea como garantía para que le aprueben sus propias cuentas, las nacionales, puestas en duda en el ámbito comunitario.

Las presiones y tensiones presupuestarias se encadenan. Empiezan en Bruselas, pasan por Madrid y terminan recortando los presupuestos valencianos, a pesar de la resistencia que ofrece el Consell, lo que ha propiciado que, según señalaron a este periódico fuentes del equipo de Montoro, la negociación entre la Generalitat y el Gobierno central sea la que va más retrasada entre todas las que desarrolla el Ejecutivo de Rajoy con las comunidades autónomas.

La portavoz del Consell, Mónica Oltra, destacó ayer que el recorte de 78 millones representa el 0,46% del total del Presupuesto de la Generalitat para 2016 y, que tras las conversaciones, «dista muy lejos de los 1.300 millones de euros que se desprendían del planteamiento inicial del ministerio», 900 millones de euros tras el aumento del límite máximo autorizado de déficit para este ejercicio, del 0,3% del PIB al 0,7%

Los 78 millones ya descontados de las cuentas públicas autonómicas proceden de las inejecuciones previstas (es decir, de los capítulos y programas que, por diversos motivos, a lo largo de los últimos años finalizan el ejercicio dejando en situación de disponible una parte de los recursos asignados, por lo que todo apunta que en 2016 volverá a suceder lo mismo), entre ellas 13,5 millones del sector público.

La Conselleria de Hacienda ultimará el plan de ajuste para su remisión al Ministerio de Hacienda. El FLA designado por Montoro para la Comunitat es de 740 millones de euros, además del fondo extraordinario para cubrir la desviación del déficit de 2015, en torno a 1.800 millones de euros.

El ajuste no afectará al gasto social en las áreas de sanidad, educación, servicios sociales y dependencia, así como las líneas y proyectos finalistas que cuentan con cofinanciación de otras administraciones. Afecta a sobre todo a Presidencia, con un impacto del 4,17% en relación a su presupuesto para 2016.