Un exdirectivo de un banco, a juicio por pedir un préstamo de 860.000 € a nombre de un empresario sin autorización

Un ex director comercial de una entindad financiera será juzgado los días 29, 30 de junio y 1 de julio en la Audiencia de Alicante acusado de un delito de estafa por presuntamente solicitar un préstamo de 860.000 euros a nombre de un empresario sin su conocimiento ni autorización.

Así consta en un auto de la sección segunda de la Audiencia, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que la sala desestima la solicitud de nulidad que había pedido la representación de la entidad bancaria contra la resolución en la que señalaba la celebración del juicio para esos días.

Según señala la Audiencia, en este caso no se ha producido la indefensión alegada por la parte ya que consta la notificación y el trasladado del auto al legal representante de la entidad, un trámite que se alegaba que se había omitido.

Fiscalía pide para el exdirectivo una pena de cuatro años de prisión por un delito de estafa y otro delito continuado de falsedad en documento mercantil. La víctima alega perjuicios físicos y psíquicos por la actuación del acusado.

Junto al exdirectivo, en este procedimiento también figura como acusada su mujer, ya que ostentaba el cargo de administradora única de una entidad desde la que se movió el dinero del préstamo suscrito. Para la mujer, el ministerio público solicita la misma pena de prisión.

Por su parte, la acusación particular, que representa al cliente supuestamente estafado, reclama para el director una pena de nueve años y medio de cárcel por un delito de estafa y dos de falsedad; mientras que rebaja la pena para su esposa, para la que reclama cinco años de prisión. Así mismo, pide que los acusados indemnicen a la empresa de la víctima y a ésta con 137.254,66 euros por daño directo y con 1.600.000 euros por los perjuicios causados.

La víctima, representada por el letrado José Fernando Crespo, se percató de la presunta estafa cuando acudió a solicitar un crédito ICO a Banco Santander para una empresa de joyería que regenta su esposa y le comunicaron la existencia de un riesgo por importe de 860.000 euros contraídos con la entidad BBVA.

"PROPÓSITO DEFRAUDATORIO"

Según consta en el relato del fiscal, el acusado, "actuando con propósito defraudatorio y concierto previo", prevaliéndose de su actividad en el banco y de la "amistad" que mantenía con la víctima, abrió una cuenta a nombre de la mercantil de ésta --una promotora-- pero en realidad era para operar él, por un importe de 867.609,08 euros. Lo hizo supuestamente en beneficio propio y el de su esposa.

Sobre estas cuentas --según los escritos de acusación-- se efectuaron diversas detracciones y se cruzaron operaciones con cuentas legítimas de la víctima o su promotora. Todas las cantidades fueron a parar a cuentas de la empresa de la que son socios mayoritarios ambos acusados.

El acusado, al percatarse de que la cuenta opaca con un riesgo de 867.009,08 euros no tenía el oportuno documento que lo amparaba --carecía de póliza personal o hipotecaria-- y que justificara su existencia, contactó con la víctima y le pidió ayuda "para solucionar unos problemas con el banco con el que trabajaba".

El ex director comercial le indicó en ese momento que eran meros trámites y que él carecería de responsabilidad. Así, consiguió que la víctima constituyera un préstamo hipotecario, el 6 de mayo de 2010, para hacer frente al riesgo de la cuenta opaca y fraudulentamente aperturada.

Para ello, la víctima no desembolsó cantidad alguna ya que el acusado le entregó un documento, que no se correspondía con la realidad y en nombre del BBVA, que era un reconocimiento de pago, por el cual a fecha 21 de junio de 2010 quedaba cancelada la cuenta.

SUPLANTÓ FIRMA

Así mismo, el acusado "suplantó" la firma de la víctima "en numerosas documentaciones bancarias" --mantienen las acusaciones--, tales como aperturas de otras cuentas, disposiciones de efectivo, transferencias y detracciones de efectivo que alcanzaron un total de 137.254,66 euros que se ingresaban en cuentas corrientes de Esencial Levante.

La acusación particular mantiene que como consecuencia de estos hechos, su cliente ha sufrido perjuicios físicos, psíquicos y "presiones" y lamenta que no pueda financiarse al tener en mora sistemática sus cuentas ICO en la misma entidad.