La Generalitat defiende el derecho civil valenciano

El Consell aprobó ayer una declaración institucional sobre la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) relativa a la Ley de Régimen Económico Matrimonial en la que declara que acata la sentencia por «lealtad institucional» pero muestra su «más profunda discrepancia» por la misma. En concreto se refiere a la sentencia de 28 de abril de 2016, por la que se declara inconstitucional la Ley de las Cortes Valencianas, Ley 10/2007, de 20 de marzo, de Régimen Económico Matrimonial.

Al margen de algunas consideraciones técnicas que provocan extrañeza, como la declaración de inconstitucionalidad integral de la Ley a pesar de reconocer la extemporaneidad de buena parte del recurso, el Consell considera que es de «extrema gravedad» ignorar las competencias en materia de Derecho histórico civil introducidas en la reforma del Estatuto valenciano el año 2006.

La portavoz de Justicia del grupo popular en Les Corts, María José Ferrer San-Segundo, lamentó el pasado miércoles «el desinterés, falta de trabajo e ideas y nula gestión del Consell» en defensa del derecho civil valenciano y anunció la presentación de una iniciativa para constituir una ponencia que elabore una proposición de ley sobre competencia legislativa en materia de derecho civil valenciano para presentar al Congreso de los Diputados. La jurista del PP lamentó entonces que «casi una semana después de la sentencia del Tribunal Constitucional que anula el régimen económico-matrimonial valenciano, el Gobierno valenciano sigue sin pronunciarse», una muestra más del «abandono» del Consell, que ayer reaccionó.