El administrador concursal abre la puerta a la continuidad de la patronal Coepa

El concurso de acreedores voluntario presentado el pasado 10 de marzo por la patronal alicantina Coepa, después de tres meses de preconcurso en el que no obtuvo la respuesta deseada ni por parte de la Generalitat Valenciana ni del Ayuntamiento de Alicante, sigue en su fase embrionaria de tramitación. Sin embargo, el grueso de la deuda, los 3,9 millones de euros que debe Coepa al Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), incluido el capital principal más los intereses naturales y de demora, no son precisamente el principal obstáculo. Antes bien, parece ser la oportunidad para dotar de viabilidad futura a la principal confederación empresarial, según explicó ayer a este diario el administrador concursal designado por el titular del Juzgado de lo Mercantil 1 de Alicante, Luis Fernando Alonso Saura.

Dentro de quince o veinte días, a más tardar, el administrador concursal tendrá listo el informe sobre todos los créditos y la clasificación de los mismos. La pretensión de la Confederación que preside el empresario de Guardamar Francisco Gómez, quien dijo el pasado viernes que el futuro de Coepa «pinta bien» tras calcular un tasador privado en 3 millones el valor inmueble del polémico centro de oficios del barrio alicantino de Babel, es ir a convenio de acreedores y llegar a un acuerdo sobre el pago de la deuda o las eventuales quitas de la misma.

En ese convenio no será incluido el IVF, el banco público de la Generalitat Valenciana, debido a que su deuda, de 3,9 millones de euros, es considerada en aplicación de la vigente Ley Concursal como no ordinaria, o sea, como 'privilegiada especial'. Es decir, en caso de aceptarlo el IVF, ante una hipotética dación en pago o enajenación del bien inmueble, el dinero obtenido por Coepa iría directamente al instituto financiero dependiente de la Conselleria de Hacienda y que dirige el profesor Manuel Illueca.

El débito de casi medio millón de euros que tiene contraída Coepa con la confederación regional Cierval que dirige José Vicente González ya no se puede considerar privilegiada, sino ordinaria. Coepa también está en deuda con otros proveedores menores, que tendrá que dilucidar en los próximos días el administrador Alonso Saura, un acreditado profesional del derecho Mercantil que ha ejercido el control de administración y la negociación con acreedores en otros importantes concursos de grandes empresas de la provincia, como el caso de la almendrera Colefruse, con un pasivo multimillonario.

De momento, el administrador concursal de Coepa, Luis Fernando Alonso Saura, sigue interviniendo directamente en las cuentas del día a día de Coepa, cuyo comité ejecutivo, encabezado por Francisco Gómez, conserva sus facultades de administración, pero siempre bajo la fiscalización del administrador si el pago es de una cuantía no mínima. En pocas palabras, el administrador considera que no tiene por qué ser «más complejo» el futuro de Coepa por el hecho de que el grueso del pasivo sea no ordinario. Justo lo contrario, tiene más viabilidad ante una posible dación en pago (en caso de aceptarla el IVF, que ya ha dicho por activa y por pasiva que no admite) o ante una enajenación del bien a un tercero. Como se recordará, el centro de oficios y simulador de riesgos laborales está construido sobre una parcela que es propiedad del Ayuntamiento y que fue cedida para treinta años. El Consistorio aún debe esperar quince años para recuperar dicha concesión del solar. Aquí reside la clave del futuro patronal, pues si no es la propia administración autonómica la que se queda el inmueble y los talleres difícilmente una empresa privada querrá comprar a Coepa algo construido sobre un suelo público sobre el que solo podrá actuar un máximo de quince años.

La antigua suspensión de pagos en Coepa se precipitó a mediados de octubre. Como adelantó este diario, la Abogacía General de la Generalitat, por orden del IVF (dependiente de la Conselleria de Hacienda), pidió a un juez de Primera Instancia de Alicante el embargo de todos los bienes e ingresos de la patronal al seguir sin devolver el crédito (3,9 millones incluyendo intereses naturales y de demora). A las pocas semanas, el 11 de noviembre, la junta directiva solicitó el preconcurso para ganar tiempo y tratar de negociar con las Administraciones una salida menos traumática. La demanda del embargo sigue su curso.

Cuando el pasado 10 de marzo se presentó el concurso voluntario de acreedores, Francisco Gómez dijo que quedaba en manos del juez y el administrador el convenio de acreedores negociado o la liquidación. Ahora se sabe que será la primera opción. Cree que la tasación es «buena» y permitirá a la patronal negociar con el IVF con «la esperanza de recuperar esta confederación tan necesaria».

Diversos informes de la Abogacía del Instituto Valenciano de Finanzas descartan técnicamente la dación en pago como fórmula para recuperar los casi 4 millones de euros que debe Coepa por el préstamo para ampliar el centro formativo, que inicialmente era solo un simulador de riesgos laborales. El director del IVF y el conseller de Hacienda, Vicent Soler, también han rechazado públicamente esa dación.