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J. C. F.
Martes, 17 de mayo 2016, 02:08
El posible baile en las listas del PP para las elecciones generales del 26J se limita casi en exclusiva a un nombre: el de Gerardo Camps. Ni el caso del diputado castellonense Óscar Clavell, imputado en un proceso judicial de carácter administrativo, ni los movimientos impulsados desde la dirección provincial de Valencia para tratar de introducir cambios en la de esa circunscripción, tienen visos de surtir efecto. Pero la situación del exvicepresidente del Consell es distinta y su presencia en el número cuatro de la lista al Congreso por Alicante es, a día de hoy, una incógnita. Tanto es así que el PPCV tiene claro que debe ser Génova quién adopte una decisión al respecto.
¿Por qué se señala a Gerardo Camps? El exvicepresidente del Consell no está imputado en ninguna causa judicial relacionada con casos de corrupción. Pero su nombre se ha asociado a varias. El portavoz socialista José Muñoz reveló hace pocas fechas gastos millonarios vinculados a su etapa como máximo responsable de las empresas públicas de la Generalitat. Las últimas declaraciones de testigos también le han señalado por la contratación de Nóos. No hay imputación ni procesamiento, pero en tanto que uno de los máximos responsables del Consell durante la etapa de Francisco Camps, su labor se encuentra bajo sospecha.
Sorteo
El nombre de Gerardo Camps se encuentra señalado, entre otras razones, porque ni la dirección provincial ni la regional del PP valenciano le han mostrado un respaldo explícito. José Císcar, presidente de los populares alicantinos, sorteó ayer la incómoda pregunta sobre la continuidad de Camps en la lista: «Cuando lleguemos a ese río, cruzaremos el puente», dijo tras comprobar las dificultades del vicesecretario nacional de Comunicación, Pablo Casado, para abordar la situación del diputado alicantino.
Sobre la mesa, una situación judicial ahora despejada -pero cuyo futuro no está claro- y la percepción de que los partidos que componen el tripartito disponen de más información sobre los gastos realizados por Gerardo Camps y que 'golpearán' con ella cuando lo estimen conveniente.
Volver a la casilla inicial -es decir, sostenerle en la lista porque no está imputado- es el escenario que mejor encaja con esa manera 'tan de Mariano Rajoy' de afrontar este tipo de situaciones: sin tomar decisiones. De hecho, la directriz que ha hecho pública el partido es la de hacer el menor número de cambios posibles. Mantenerlo además supondría evitar darle la razón a los partidos que en las últimas semanas han acentuado las sombras de sospecha sobre su gestión. Como candidato alicantino que es, Gerardo Camps suscribió en su día una declaración por la que se comprometía a abandonar su escaño en el caso de resultar investigado en algún proceso judicial por corrupción. De manera que mantenerlo en la lista no tendría un gran coste: si se le acaba imputando, tendría (en teoría) que cumplir ese compromiso. Sacarlo de la lista cuenta con otro problema añadido: al no existir imputación, lo que el partido estaría haciendo es mover la línea roja que dice que imputados y procesados no pueden ir en las listas. Dejar fuera por una posible imputación al exvicepresidente significaría un nivel de exigencia muy superior al marcado con el del procesamiento judicial.
Las razones para sacarlo de la lista tienen que ver, no obstante, con que su presencia no sólo ya no suma para el PP, sino que a juicio de los dirigentes populares consultados por este diario, resta. No se trata de que la presencia o no del exvicepresidente pudiera hacer cambiar el número de diputados logrados por la circunscripción de Alicante, ni mucho menos. Pero sí que parece obvio pensar que incluir a Gerardo Camps supone dejar la puerta abierta a la filtración de nuevas informaciones relativas a su paso por la administración autonómica. El PPCV guarda silencio, a la espera de que decida Génova. Y esa actitud ya resulta significativa.
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