EU recrimina al juez de 'Rabasa' que dicte una «sentencia absolutoria»

La batería de recursos contra el cierre del 'caso Rabasa' no se ha hecho esperar, como demuestra el extenso documento presentado ayer por Esquerra Unida del País Valencià (EUPV) rebatiendo la decisión del magistrado del Juzgado de Instrucción 6 de Alicante comunicada hace una semana que exculpaba a Sonia Castedo y Enrique Ortiz por delitos de prevaricación y tráfico de influencias.

La formación de izquierdas afea al instructor César Martínez de emplear una argumentación «propia de una sentencia absolutoria» invadiendo, según añaden, la función de enjuiciamiento «que no le corresponde y vedando así al órgano competente para el enjuiciamiento el debate contradictorio sobre las pruebas en el plenario».

Todo ello, prosigue el escrito presentado en apelación ante la Audiencia Provincial, teniendo en cuenta que «hace más de un año que no se ha practicado ninguna diligencia de investigación» y pendientes de la práctica de diligencias interesadas tanto por esta acusación como por el Ministerio Público o la misma declaración como investigados de dos ex altos cargos de Fomento.

La acusación popular replica uno a uno los argumentos esgrimidos por el juez comenzando por recordar que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat (TSJCV) tumbó en repetidas ocasiones el plan parcial ante una adjudicación a Ortiz como urbanizador «viciada de nulidad radical». Además, la formación de izquierdas achaca al instructor articular su auto de sobreseimiento provisional desde una «perspectiva exculpatoria pretendida».

Difiere esta parte de que no se hayan puesto de manifiesto las resoluciones influidas por la sombra de la prevaricación, como indicó el instructor en su auto. La acusación recoge la aprobación definitiva por la Conselleria del Plan Parcial en 2009 y el acuerdo del Ayuntamiento para aprobar el texto refundido. Señalan que «los intereses de Ortiz, suyo era el proyecto de Rabasa, pudieron con todo», para lo que no se dudó en «apartar a funcionarios díscolos o ejercer cuantas influencias fuesen necesarias, pues se jugaban beneficios tales como 97 millones por vender suelo a Ikea u otros 44 con Bankia», como recuerdan en el escrito.

Sobre el carácter de urgencia que se le dio a la tramitación del Plan, incluso salvando la suspensión del Alto Tribunal valenciano, EUPV remarca que se llevó a cabo así por «influencia que ejercen el urbanizador y la alcaldesa» y no «por el interés público». De ahí que la formación traslade a la Audiencia que «por más que se repita y sugiera en el auto», el procedimiento seguido en la tramitación del Plan Rabasa, en el periodo analizado, «dista mucho de la normalidad administrativa e institucional con que se quiere motejar».

La acusación popular concluye coincidiendo con el magistrado cuando asegura que «alguna de las conductas enjuiciadas sea impropia de figurar entre las prácticas institucionales de un Estado de Derecho, no puede forzarse el principio de legalidad para sancionarla como delito». Sin embargo, discrepa EUPV, ya que en el devenir del Plan Rabasa el principio de legalidad «conduce derechamente, indiciariamente por ahora, a entender delictiva la actividad administrativa desplegada». Un Plan que, además, se introdujo en el aparato administrativo municipal «con calzador».