Magro alerta sobre la necesidad de mejorar la valoración del riesgo de maltrato

«Si nos equivocamos podemos encontrarnos que el hecho siguiente sea su muerte». Así se manifestó ayer el presidente de la Audiencia Provincial, Vicente Magro, sobre la necesidad de mejorar la valoración del riesgo que hacen las fuerzas de seguridad y los juzgados de las víctimas de la violencia machista. El magistrado, que consideró «inadecuada» e «insuficiente» la «respuesta penal» que se da al problema, abogó, como ha hecho en otras ocasiones, por aplicar la prisión permanente revisable en los casos en los que un hombre asesina a una mujer, conducta que tachó de «terrorismo de género».

El presidente de la sede provincial compareció ayer para poner sobre la mesa las primeras conclusiones de los resultados de los cursos de reeducación a maltratadores e infractores viales de este año. Sobre los condenados por violencia machista, la Oficina de Medidas Alternativas ha recibido a 328 hombres, con un índice de reincidencia que se mantiene en niveles muy bajos, como el 10% que reflejan los datos recabados.

Estas cifras permiten vislumbrar un perfil de maltratador que incurre en delitos que no superan los dos años de prisión, que se sitúa entre 37 y 47 años de edad, nacionalidad española y formación básica o escasa y nula. Dichos penados acuden sin falta a las sesiones. Su inasistencia puede derivar en el ingreso en prisión, quedando en menos del 10% los casos de abandonos.

Durante su intervención, Vicente Magro explicó que actualmente los índices de denuncia de las mujeres en España sigue siendo bajo, «solo lo hace una de cada tres o cuatro», por lo que incidió en la necesidad de «mejorar los canales de información» para que las víctimas «se sientan protegidas».

Sin embargo, aunque quede un «largo camino por recorrer», en su opinión, «no puede decirse que en España no se ha hecho nada durante este tiempo» en este terreno, pues existen órdenes de protección y una estadística uniforme que permite identificar la magnitud del problema. Así, el magistrado animó a las administraciones a «hacer más caso» a quienes trabajan con esta lacra sobre el terreno en el día a día, como el Observatorio del Consejo General del Poder Judicial del que forma parte.

De forma paralela, la Audiencia Provincial lleva a cabo también cursos de resocialización a los condenados por violencia doméstica o intrafamiliar en la que han participado doce hombres y doce mujeres. Igualmente, 64 personas asistieron a los cursos por infracciones viales de los cuales solo seis eran mujeres.

También ha desarrollado durante el último año un programa de mediación penal en el que se han logrado 25 acuerdos de un total de 56 asuntos derivados por jueces y magistrados de toda la provincia.

La oficina que despliega toda esta actividad cuenta con único funcionario titular, Carmelo Hernández, después de que su compañero, Pablo Cuéllar, cesara en una comisión de servicios y regresara a su puesto en una sección civil de la Audiencia. Preguntado por esta carencia, Magro informó que el trabajo no se ha visto afectado por el momento gracias al «esfuerzo de Hernández» y a los colaboradores externos, entre los que hay universitarios en prácticas, aunque prevé suplir esta baja en septiembre próximo tras la implantación de la oficina judicial.