El PSOE recalca que el 'caso Rabasa' está «repleto de indicios» delictivos

La acusación popular que ejerce el PSPV-PSOE ha rebatido el auto de sobreseimiento provisional dictado por el juez de Instrucción 6 de Alicante y que libró de responsabilidad, al menos de momento, a la exalcaldesa del PP Sonia Castedo y su núcleo más íntimo en la Concejalía de Urbanismo, así como al presunto beneficiado con la operación urbanística, Enrique Ortiz. La formación apunta en su escrito que la causa debe proseguir con la práctica de diligencias al encontrarse «repleta de indicios más que razonables» que impiden su archivo.

El recurso de apelación se suma al presentado por la también acusación popular, y denunciante del caso, Esquerra Unida del País Valencià (EUPV). La representación letrada de la formación de izquierdas presentó el jueves un amplio escrito donde replicaba cada uno de los fundamentos jurídicos empleados por el magistrado César Martínez para dar carpetazo al asunto.

Por su parte, el PSOE dirige a la Audiencia Provincial un escrito que aborda la cuestión de forma más general arguyendo que «en modo alguno» los indicios de tráfico de influencias y de prevaricación, ya advertidos por la Policía, el anterior instructor o la propia sede provincial, se han debilitado al punto de mandar el caso al archivo. Para esta parte, «no puede ser cuestión baladí, como parece pretender el instructor las irregularidades administrativas» del Plan Rabasa.

Unos presuntos amaños que el titular de Instrucción 6 rebajó a la categoría de infracciones administrativas o del ámbito contencioso-administrativo. De ahí que la acusación tache de «arbitraria» la adjudicación del macroproyecto a Visomed, la firma de Enrique Ortiz que debía edificar en torno a 13.500 viviendas en los terrenos. En su escrito, EUPV recordó además, que el 'pelotazo' se concibió como «una gran operación especulativa» a la que se invitó a Ikea sin que su nombre apareciera en los primeros compases de la tramitación.

Por ello, la representación letrada de los socialistas alicantinos alude al hecho de que, pese a dos archivos previos, la causa ha mantenido un elevado ritmo de acumulación de documentación, hasta dieciséis tomos. Todo ello, con diligencias por practicar, como el rastreo de los pagarés por valor de 7,5 millones de euros ofrecidos por la técnico Isabel Campos a Ortiz o la declaración de dos ex altos cargos de Fomento.

Además, la acusación concluye asegurando que el hecho de que Ortiz es agente urbanizador no le otorga «una especie de inmunidad» por dicha condición como tampoco «determinar» el modo en el que debe o puede relacionarse con la administración.