El tripartito pedirá que se condene «la financiación ilegal» de los partidos

Las tres formaciones que conforman el gobierno local de Alicante (PSPV-PSOE, Guanyar y Compromís) elevarán al pleno municipal del próximo jueves una declaración institucional para condenar "enérgicamente" la "financiación ilegal" de los partidos políticos y, en especial, durante las campañas electorales.

Esa propuesta plantea que el pleno muestre su repulsa y reprobación de todos los políticos de la Comunitat que han resultado condenados o que puedan ser condenados en el futuro por corrupción o por delitos contra la Hacienda Pública, la Seguridad Social, contra la Administración Pública y la ley de financiación de los partidos políticos, según han informado hoy fuentes del ejecutivo local.

También solicita hacer un llamamiento a todas las instituciones de la ciudad, Diputación Provincial, universidad y otras instituciones, así como a los agentes sociales, para que "hagan suya esta declaración y sean perseverantes en la prevención, denuncia y persecución de este tipo de conductas ilegítimas".

Además, pide que se haga efectivo el requerimiento de Les Corts de retirar las placas conmemorativas, inauguraciones o menciones honoríficas en que figure el nombre de personas que hayan ostentado cargos públicos y resultado condenados o que sean condenados en el futuro por sentencia firme por corrupción, delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social o contra la Administración.

En el escrito, el gobierno tripartito recuerda que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha dicho en repetidas ocasiones que la corrupción afecta directamente a la legitimidad de las instituciones públicas, atenta contra la sociedad y distorsiona el normal funcionamiento de la economía y la libre competencia entre las empresas.

"Los diversos casos de uso delictivo de los recursos públicos y de utilización espuria del poder político que a lo largo de los últimos años ha sufrido la Comunidad Valenciana han repercutido muy negativamente en el aprecio y la imagen de nuestro pueblo", recoge la citada declaración institucional.

Añade que "la cultura de la sospecha que se ha generado como consecuencia de esto ha desgastado las relaciones sociales y las perdidas económicas que se han derivado suponen un desprecio a aquellos quien más dificultades sufren en la época de crisis que estamos padeciendo".

Igualmente, según recoge este escrito, el empleo delictivo de los recursos públicos tiene una deriva "más repugnante, si cabe, que es el uso fraudulento de fondos ilegales para la financiación de campañas electorales".

Estos fondos ilegales, advierte, permiten a "los partidos corruptos concurrir dopados, en lo que tendría que ser el normal desarrollo de las actividades de una sociedad democrática, y jugar con ventaja con respecto a los demás partidos, lo que supone un fraude a toda la ciudadanía".

"Por eso, la lucha para prevenir y erradicar los actos de corrupción vinculados con el ejercicio de las funciones públicas nos tiene que comprometer a todos en el esfuerzo para mantener vivos los valores de la democracia, la ética y la justicia", señala la propuesta.

En esa línea, expone que, para "ser absolutamente eficiente, este combate contra la corrupción requiere del apoyo y la participación de los ciudadanos y de los diversos agentes sociales, que, en definitiva, son los principales perjudicados cuando la Administración Pública no funciona adecuadamente".

Por ello, aduce, requiere del posicionamiento del Ayuntamiento en contra de "las prácticas de corrupción en torno a la financiación de los partidos políticos".