La Fiscalía acusa al juez de 'Rabasa' de «extralimitarse» y pide reabrir el caso

Las acusaciones han recurrido en bloque la decisión del instructor del 'caso Rabasa' de dar carpetazo a la investigación. Las partes recalcan que se trata de un archivo con las diligencias en marcha e inconclusas. Por este y otros motivos, la Fiscalía Anticorrupción presentó ayer un extenso escrito en el que reclama a la Audiencia Provincial que declare la cúpula de Ikea y, sobre todo, la reapertura de la causa en función de dos argumentos claros: el juez «no analiza la compleja investigación» y, además, se «extralimita» en su función e «inunda» la tarea del «juzgador». Sobre este último extremo, Esquerra Unida se manifestó en términos similares en su apelación, en la que acusaba al titular del Juzgado de Instrucción 6 de Alicante de dictar una «sentencia absolutoria».

El fiscal Felipe Briones afea al magistrado que su auto de sobreseimiento provisional «se reduce en su conjunto» a recoger requisitos legales de los planes urbanísticos y de los tipos penales para, «con poco más», decidir que los hechos «no revisten carácter delictivo». Todo ello, pese al trabajo de años en los que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía recabó horas de escuchas telefónicas y cientos de documentos de los principales investigados en el despliegue de la 'Operación Brugal'.

En el escrito, de 171 páginas y al que ha tenido acceso este diario, la Fiscalía advierte un esquema permanente de la mecánica supuestamente mantenida entre miembros del Ayuntamiento de Alicante y Enrique Ortiz para beneficiar al empresario con la venta de suelo a Ikea. Por tanto, sostiene que «se favoreció directamente el negocio» del industrial con los terrenos «exagerando artificiosamente sus derechos como agente urbanizador».

Por ello, no comprende el fiscal que el magistrado César Martínez concluye «dedicando una sola página» en su auto de archivo a describir el comportamiento de Ortiz como supuesto corruptor y que lo haga, además, «de forma genérica». Es decir, que «en folio único, ventila el auto la responsabilidad» del constructor. Para el Ministerio Público resulta imprescindible centrar el objeto de instrucción en «cuánto obtuvo» el empresario y «cómo» se valió de autoridades y funcionarios.

Cerón sí vio indicios delictivos

El anterior instructor, Juan Carlos Cerón, vislumbró indicios delictivos como para imputar a la exalcaldesa y exedil de Urbanismo del PP Sonia Castedo, el gerente de dicha Concejalía, Enrique Sanus, y distintos técnicos del área, así como a Ortiz, los delitos de prevaricación y tráfico de influencias. Sin embargo, recrimina la Fiscalía al actual titular de Instrucción 6 que el papel de Castedo «no merece en el auto ni un solo renglón».

El fiscal se ratifica en lo mantenido hasta el momento. Es decir, apunta a que el jugoso beneficio de al menos 95 millones de euros prometido por la multinacional sueca al empresario por la venta de suelo para instalarse y montar su macrocentro comercial lo condicionaron todo desde el inicio. Para ello, el magnate se prevalió de su amistad con Castedo y de las demás relaciones que forjó, con lo que podía asumir las «duras condiciones» y «estrictos plazos temporales» impuestos por Ikea, como detalla la Fiscalía. Tanto es así, que los incumplimientos habrían costado caros al empresario, tanto como la rescisión de contrato o 15.000 euros de penalización por día de retraso.

Por ello, se habrían deshecho de los funcionarios díscolos con el Plan, como el arquitecto Miguel Ángel Cano, en una reestructuración de la Gerencia Municipal de Urbanismo acometida en octubre de 2008. Los indicios delictivos, como también indicaron las acusaciones populares que ejercen EU y PSOE, apuntan a una tramitación a toda prisa «quebrantando de forma permanente la imparcialidad que debía presidir las actuaciones del Ayuntamiento», según el fiscal. Viene a decir que, «en la práctica, no existió ni sumisión por Ortiz e Ikea» al Consistorio de la capital, «ni una actuación imparcial» de este último, «lo que es contrario al deber de toda Administración pública», apunta el Ministerio Público.

Briones compara este extremo con los servicios de urgencia en la sanidad pública, los cuales «deben ser destinados a la enfermedad sufrida», pero en ningún caso «al nombre y apellidos del paciente». La Fiscalía, finalmente, retoma las palabras del magistrado que, en su auto de sobreseimiento, alertó de «conductas impropias» en la tramitación del Plan Rabasa. Para la acusación pública, el instructor debería «haber enumerado estas prácticas, analizándolas».