El juez impone fianzas de 200 millones a los acusados por la visita del Papa

El juez de la Audiencia Nacional que instruye el 'caso Gürtel' abrió ayer juicio oral contra el expresidente de Les Corts y exdirector general de la Policía Nacional Juan Cotino, acusado de «impulsar activamente» y «gestionar de facto» la contratación de una empresa pantalla del 'grupo Correa' en la retransmisión de la visita que el Papa Benedicto XVI hizo a Valencia en julio de 2006, dentro del V Encuentro Mundial de las Familias. Unos hechos por los que la Fiscalía Anticorrupción le reclama 11 años de prisión. Tras concluir la investigación el pasado 22 de abril, el magistrado José de la Mata dictó auto de enjuiciamiento contra otras 22 personas físicas y 13 jurídicas, como responsables civiles por esta pieza del 'caso Gürtel'. Además de Cotino, exconsejero de Agricultura durante los hechos investigados, serán juzgados el exdirector de la televisión pública Pedro García, varios altos cargos del ente y el grupo de Gürtel, los habituales Francisco Correa, Pablo Crespo, Álvaro Pérez, 'El Bigotes' o José Ramón Blanco.

El magistrado impuso también las fianzas civiles, la fórmula para retener bienes y dinero con los que sufragar una hipotética responsabilidad civil en el caso de una condena por estos hechos. Destaca la impuesta a Juan Cotino, algo más de 4,3 millones de euros. En total, la suma de las fianzas de todos los acusados ascienden a 200 millones de euros. En caso de que no aporten bienes para cubrir la cantidad que se pide para cada uno de ellos se procederán a embargar las propiedades que tengan a su nombre.

La petición a Cotino es una de las más llamativas por las responsabilidades que llegó a tener en la Comunitat. Aparte de presidente de Les Corts fue vicepresidente en uno de los gobiernos de Francisco Camps. Pero no es el único responsable de aquella época que se ha visto salpicado por este asunto. Destaca, de igual modo, Pedro García, el que fuera exdirector de RTVV a quien reclaman un depósito de 11 millones de euros. Para Correa, la fianza asciende a 15.622.361 euros, un poco superior a la de Crespo y 'El Bigotes' -15.294.361 euros-, mientras que la de Blanco Balín se fija en 10.334.098 euros.

El auto del Juzgado Central de Instrucción número 5 da por formulada la acusación por delitos de asociación ilícita, prevaricación continuada, malversación continuada de caudales públicos, fraude a las Administraciones Públicas, delito continuado de falsedad documental cometido por funcionario, falsedad en documento mercantil continuada, cinco delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales continuado y un delito continuado de cohecho.

El auto de ayer era inevitable después de que la Fiscalía y la acusación particular (PSPV) presentaran recientemente sus escritos de calificación. Anticorrupción reclama 11 años de cárcel para Cotino. La mayor petición de pena, 40 años de reclusión, es para el exdirector de la televisión pública valenciana (RTVV) Pedro García Gimeno, a quien también se le imputa haber amañado la adjudicación a las empresas de Francisco Correa. Para este último la Fiscalía reclama más de 38 años de prisión. Se enfrentarán también a penas muy elevadas el resto de los miembros de la red corrupta que dirigía Correa, entre ellos Pablo Crespo, más de 37 años, Álvaro Pérez, «El Bigotes», otros 37, y José Ramón Blanco Balín, 18 años.

El relato de la fiscalía asegura que Cotino, «pese a no ostentar cargo alguno» en la fundación que se ocupó del evento con Benedicto XVI y a pesar que tampoco entraba en sus «competencias» como consejero, fue el que «impulsó activamente» que las pantallas y la megafonía fueran encargadas a la trama Gürtel, que luego las subcontató.

Pantallas y altavoces

Los imputados, siempre según la tesis que maneja Anticorrupción, idearon un «mecanismo» para endosar el gasto de esos elementos a la Radio Televisión Valenciana, aunque nada tuvieran que ver las pantallas y los altavoces con la función informativa del ente.

Con ese ardid, la trama consiguió «un ilícito desembolso de 7.493.600 euros» y un importante «enriquecimiento». Según el cálculo de Anticorrupción, el contrato ilícito del alquiler de equipamiento permitió que la trama Gürtel se embolsara 3,3 millones de euros. Correa recibió una comisión de 1,49 millones de euros; Crespo, de 166.000; «el Bigotes», de 500.000; Blanco Balín, de 249.000; y García Gimeno, cerca de 500.000 euros.

El PSPV pide más castigo para los procesados. Para Cotino, por ejemplo, eleva la petición a los 15 años de cárcel. El portavoz del grupo socialista en las Corts, Manolo Mata, mostró ayer su satisfacción tras conocerse la apertura de juicio oral contra el expresidente de les Corts. «Cotino está en el banquillo porque es su sitio natural y donde le corresponde estar por su vinculación directa con el entramado corrupto que se generó». En un comunicado, señaló que diez años después de la «ruinosa» visita del Papa «por fin la justicia nos da la razón y confirma que el Encuentro Mundial de las Familias celebrado en Valencia no fue más que un acto dirigido por Juan Cotino para que la trama Gürtel se repartirse comisiones y se aprovechara ilícitamente de fondos públicos».

El exconseller siempre ha defendido su inocencia en este asunto y su papel de un voluntario más en la organización de la visita del Papa en el verano de 2006. En su día ya recurrió el auto y atacó al instrcutor por «de un juez de puerta giratoria» que le acusa de no se sabe «cuántas cosas» por las contrataciones con motivo de la visita del Papa a Valencia para el Encuentro Mundial de las Familias dentro del caso Gürtel. El recurso ha sido denegado.

Cotino insistió entonces en que en su vida profesional y en su vida política ha podido «meter la pata muchas veces» en sus gestiones, pero nunca ha «metido la mano en ningún cajón», ni ha permitido «que nadie la metiera». El exdirigente popular recordó que hace dos años pidió ir a declarar voluntariamente para decir todo lo que supiera de la visita papal, algo que hizo al cabo de ocho meses en el Tribunal Superior de Justicia de Valencia. «Tengo que decir que el juez no me preguntó nada, el PSOE no me acusó de nada en aquel acto, y a la fiscal le respondí a todas las preguntas que me hizo. Ahora, dos años después de eso, vemos un auto de un juez de puerta giratoria, en el que me acusa de no sé sabe cuántas cosas», resaltó recientemente en unas declaraciones en los pasillos de Les Corts.