El Ayuntamiento condena por unanimidad la financiación ilegal durante las campañas electorales

El pleno del Ayuntamiento de Alicante ha aprobado por unanimidad una declaración institucional por la que condena la financiación ilegal de partidos políticos "en especial", durante las campañas electorales. Asimismo, muestra su "repulsa y reprobación" hacia los políticos condenados por delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, contra la Administración Pública y Ley de Financiación.

La declaración, elevada a pleno por los grupos del equipo de Gobierno --PSPV, Guanyar y Compromís--, hace efectivo, además, el requerimiento de las Corts Valencianes para la retirada de placas conmemorativas o menciones a políticos condenados por esos delitos.

La edil de Compromís, Sònia Tirado, ha hecho un repaso por los casos de corrupción que han afectado o afectan a la Comunitat como "Avialsa, a los 9 concejales del PP de Valencia, Bárcenas, Cooperación, Depuradora de Pinedo, Emarsa, Carlos Fabra, Fitur, Financiación irregular de campañas electorales, Hernández Mateo, Imelsa, Taula, Brugal, Nóos, Púnica, Terra Mítica, Valmor o ZAL de Valencia".

De este modo, ha señalado que el PP ha completado "el recorrido de la corrupción desde la A a la Z" y "también en las campañas electorales donde parece que ha participado de parte del dinero irregular". "La corrupción y la financiación irregular ha sumido en la vergüenza este país, que ve cómo cada vez la lista de imputados, investigados, condenados y en prisión crece y crece", ha seguido y ha cifrado en 179 los representantes de "algún partido político, que se encontraba en alguna de esas situaciones".

Así, ha dicho que los recursos públicos se han usado de forma "delictiva" y que el poder político se ha gestionado de manera "clientelar" y "corrupta" de forma que "las próximas elecciones generales pueden ser las primeras sin que ninguno de los partidos que se presente dopado", ha indicado.

Por su parte, la edil no adscrita, Nerea Belmonte, ha lamentado que "se haya entrado ya en campaña electoral" y ha pedido "empezar a trabajar por la ciudad, en vez de hacer tanta campaña". Por ello, ha reclamado al equipo de Gobierno que "esté más ocupado" en la gestión en lugar de "describir de la A a la Z los casos de corrupción del PP".

Desde Guanyar Alacant, Miguel Ángel Pavón, ha considerado que la "geografía de la corrupción en el País Valenciano empieza a ser casi inabarcable", aunque se ha centrado en el empresario Enrique Ortiz "confesando haber financiado ilegalmente al PP con 350.000 euros en las generales de 2008". "La ciudadanía está harta de desayunarse con la corrupción", ha seguido.

Vicente Buades, desde Ciudadanos, ha reclamado "medidas" para "acercarse" al valor cero en corrupción. "Evitar esta lacra lo máximo posible y sobre todo actuar", ha indicado para afirmar: "la corrupción es algo inherente al ser humano y siempre existirá algún caso. La cuestión es si los partidos actuamos o no".

El PSPV ha rechazado "personalizar" la declaración en un partido político --el PP--, pero la edil Eva Montesinos ha puntualizado: "durante 20 años en la Comunitat y en esta ciudad, hemos visto cómo los contratos, el amiguismo y la corrupción se inscrustaban en el seno de la administración".

Finalmente, el 'popular' Israel Cortés ha dudado que el objetivo de la declaración sea "luchar contra una corrupción que, por cierto, sigue liderando el PSOE y con bastante diferencia". "Lo dudo porque lo hacen a través de gestos y no de gestión, que se trata de acciones que sí ha llevado el PP: a través del código penal, de la ley de enjuiciamiento civil, de la ley de transparencia, de la ley de financiación de partidos, etcétera".

No obstante, el PP ha votado a favor de la declaración "mal intencionada" porque la "postura" del partido es "firme", "a pesar de que no compartimos sus argumentos ni su intención no tan velada".

PLURALIDAD Y LIBERTAD EDUCATIVA

El pleno ha rechazado por 15 votos a favor y 14 en contra la declaración institucional del Partido Popular para que se revoquen las medidas sobre el arreglo escolar y la eliminación de conciertos.

La edil 'popular', María del Carmen de España, ha achacado al alcalde socialista, Gabriel Echávarri, que no se haya reunido con los madres y padres de alumnos de la escuela concertada. "Señor alcalde miles de familias han hablado y han expresado que no quieren que los políticos decidan que educación dar a sus hijos" y ha cifrado en un 40 por ciento el número de menores en colegios concertados. Y ha asegurado que se impide la creación de aulas de niños de 3 años.

Frente a ello, la edil de Educación, Maria José Espuch, ha tildado de "mentiras" las palabras de De España y ha argumentado que en Alicante "se abren tres aulas y se cierra 1". En ese sentido, ha matizado que Sagrados Corazones gana un aula, que Jesús Maria mantiene las que tenía pero aumenta el ratio, El Valle mantiene las 3 de 3 años y Jesuitas tiene "las mismas 10 unidades".

"A ver dónde están esos cambios que dicen", ha preguntado y ha dicho: "yo es que las mentiras me encienden".

Finalmente, el PP ha logrado sacar adelante su declaración para instar a que la "delegación de competencias" en materia de festejos y celebraciones populares pase a los ayuntamientos. La aprobación ha salido adelante con los votos de PP, C's y la edil no adscrita Nerea Belmonte.