Ortiz fuerza una cumbre con Ikea para impedir que la multinacional abandone

«La idea de que la multinacional Ikea abondone el proyecto y se vaya de Alicante planea». El director general de la promotora Espacio, de la familia Villar Mir, José Antonio Fernández Gallar, no ocultó ayer, a preguntas de este diario, su temor a la posibilidad real de que la compañía sueca del mueble de montar resuelva el contrato que le une a Alicante Avanza, la sociedad creada en su día por el polémico constructor Enrique Ortiz Selfa. Tal es la preocupación por la hipotética huida de la firma nórdica que el propio Fernández Gallar, a quien la mercantil promotora del suelo de Rabasa atribuyó todo el poder de mediación hace dos meses, ya ha solicitado una reunión urgente con los altos directivos de Ikea en España que se celebrará en breves días.

Nunca antes había pendido tanto de un hilo la llegada de Ikea a Alicante, un proyecto que lleva ya un retraso de casi una década y que llena páginas y páginas de periódicos por la implicación judicial del inicial Plan Rabasa en varios casos de presunta corrupción urbanística. Ese temor es expresado con total naturalidad por el ejecutivo Fernández Gallar. «No tenemos constancia por escrito de que Ikea quiera resolver o romper el contrato con nostros, pero sí que nos lo han trasladado los altos directivos en alguna conversación informal en los últimos días, porque llevamos ya muchos años con obstáculos, cuando no por la oposición de alguna asociación vecinal por dirigentes políticos; y esto no acaba de desbloquearse», se lamenta el que fuera presidente de la patronal inmobiliaria alicantina Provia.

«Esa idea de que Ikea abandone Alicante planea, pero yo me estoy dejando la piel para que eso no ocurra, porque Alicante necesita a la multinacional sueca como el comer», añadió Gallar tras descender de un avión procedente de Londres, donde Espacio también posee intereses inmobiliarios.

Fue más allá e incluso dio a conocer una llamada que recibió ayer mismo del alcalde de Alicante, el socialista Gabriel Echávarri, para manifestarle su «total apoyo al proyecto modificado que hemos comentado, de incluir no más de 40.000 metros cuadrados en el centro anexo, que serían medianas superficies». Es decir, ya no sería, como informó este diario anteayer, un hipermercado al uso con multitud de tiendas, sino un espacio de tiendas medianas tipo l tipo de Mediamarkt o Decathlon.

Alicante Avanza quiere reducir a la mitad la superficie del polémico centro anexo y así lo solicitó ayer mismo en el registro del Ayuntamiento y en el de las consellerias de Agricultura y Medio Ambiente y Urbanismo, a los que pide una suspensión del final del plazo, que se producía hoy y una ampliación de otros dos meses para formalizar el modificado de la Actuación Territorial Estratégica (ATE).Gallar asegura que el alcalde le trasladó que se nuevo proyecto «puede salir adelante», dando por hecho, con ello, que la tramitación podría incluso reformularse a través de otra figura jurídico-administrativa. Que fuera el Ayuntamiento el que asumiera las riendas del proyecto urbanístico, lo cual no dejaría de generar nuevas tensiones en el seno del tripartito, un día después de que el vicealcalde y responsable de Urbanismo, Miguel Ángel Pavón, dejara bien claro en este diario que rechaza cualquier centro anexo. Solo contempla políticamente la instalación de la tienda de Ikea y fuera del controvertido barrio de Rabasa, pues ya tiene perfilados varios emplazamientos distintos.

En todo caso, Pavón quiere que la Generalitat rechace el ATE para después actuar en suelo que no sea no urbanizable común, como el de Rabasa, que, a juicio del regidor, obligaría a modificar profundamente el vigente PGOU.

Próxima semana

La reunión con los altos directivos de Ikea España se producirá, previsiblemente, la próxima semana. «Voy a pedirles que reconsideren su postura», sentenció Fernández Gallar ante un nuevo escenario que ha pasado en las últimas semanas del mero rumor a cobrar carta de naturaleza.

De arrojar la toalla, la multinacional, con dos potentes tiendas en Murcia y en Alfafara (Valencia), pondría fin a unos ocho años d gestiones y negociaciones para instalarse en la ciudad. Primero a través de la modificación puntual del Plan Rabasa y después bajo la figura de una ATE una vez que tumbó la primera alternativa el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat y ratificó poco después el Tribunal Supremo al detectar que el macroplán urbanístico de Rabasa, donde se proyectaban 13.000 viviendas de renta libre y protegidas, registraba irregularidades en su tramitación administrativa.

El empresario Ortiz tendría que devolver unos 44 millones a Ikea por los cobrado a cuenta tras la venta de su suelo en Rabasa.