Los promotores avisan de que Turismo podría desviar un tercio de sus ventas

Los promotores inmobiliarios de la provincia, representados en la importante patronal Provia que preside Antonio Fernández, gerente de la mercantil Maisa de Elda, llevan meses sin ocultar su preocupación por la presión que está ejerciendo el sector hotelero de la Costa Blanca, especialmente Hosbec, sobre la Administración autonómica para una mayor regulación del alquiler de apartamentos. Ayer, ese estado de opinión de los promotores se exteriorizó después las últimas reuniones mantenidas con los altos responsables de la Agencia Valenciana de Turismo y sus planes para ordenar de una manera más restrictiva el sector del alojamiento extrahotelero.

Provia, cuyos presidente Antonio Fernández y gerente Jesualdo Ros, nunca habían ocultado su oposición a las fuertes críticas que hacen los hoteleros respecto al masivo uso de segundas residencias, en teoría no regladas ni registradas por la Administración, en la Costa Blanca, lanzó ayer una contundente advertencia. Los promotores creen que existen un «evidente riesgo de paralización del turismo residencial», así como de la misma llegada de visitantes turísticos vacacionales a Benidorm y el resto de destinos de la marca Costa Blanca y Alicante.

Y lo llegan a cuantificar en cifras contantes y sonantes. Creen que podrían verse mermadas un 30% de las ventas, que se desviarían a otros países competidores, de vivienda turística en un momento en el que todos los datos oficiales apuntan no solo a la recuperación de transmisiones inmobiliarias, sino también de demanda de este tipo de cliente turístico, lo que permite desestacionalizar el sector.

Fuentes de la Agencia Valenciana de Turismo aseguraron ayer a este diario que sí está prevista una «inminente» nueva regulación del alquiler de apartamentos turísticos. Provia avanza que será mucho más «restrictivo» que el actual. Según los promotores esas limitaciones en el arrendamiento de viviendas para estancias cortas, similar al que se ha puesto en marcha en otras comunidades autónomas, «paralizaría el crecimiento de uno de los sectores económicos estratégicos para la provincia». Han creado una plataforma de afectados para «participar activamente» en el desarrollo normativo.

Provia asegura que le llega a diario la «inquietud» de sus asociados, así como de asociaciones de residentes extranjeros en la Costa blanca y de otros sectores sociales que temen que la Generalitat se inspire en otras autonomías para endurecer ese arrendamiento vacacional. Alude a «cláusulas vinculadas a estancias mínimas, requisitos desproporcionados relativos al equipamiento de la vivienda o limitaciones por localización de los apartamentos».

Provia es consciente de que el bajo precio del dinero y de los intereses bancarios más el riesgo financiero internacional respecto a fondos de inversión u otros instrumentos de renta fija o variable convierten el ladrillo, de nuevo, en un refugio ideal para grandes, medianos y pequeños inversores o capitalistas.

Por ello, consideran que, «lejos de recrudecer la normativa actual, busque mecanismos eficientes de control para hacer cumplir la ya existente y ofrezca tranquilidad y seguridad a los propietarios que deciden alquilar su vivienda con fines turísticos, pero que no prestan servicios propios de la industria hotelera», uno de los principales caballos de batalla de Hosbec. Piden a la Generalitat y al departamento que dirige Francesc Colomer, dependiente del presidente Ximo Puig, «tomen en consideración la opinión de Provia en materia de alquiler turístico o de estancias cortas». Y le recuerdan que el pasado año este sector enero unos ingresos superiores a los 4.600 millones en la Comunitat y la venta solo en la Costa Blanca de casas a extranjeros por valor de 2.271 millones de euros sin incluir tributos.

Esta denuncia se produce unos días después de que Provia haya registrado, como informó este diario, su candidatura para los premios Turisme de la Generalitat basándose en dos hechos básicos: los promotores son el primer sector exportador, al casi duplicar, con 2.700 millones de euros en ventas el pasado año a extranjeros, a la industria del calzado, el líder tradicional del mercado exterior; y porque solo las empresas alicantinas invierten en publicidad directa en favor de la marca Costa Blanca unos 100 millones de euros en publicidad, ferias o misiones inversas.