La Fiscalía revisa casi 17.000 casos con riesgo de prescribir tras cambiar la ley

El primer plazo de prescripción de los casos no declarados complejos concluye en cuatro días, por lo que la actividad en los juzgados de la provincia resulta más que frenética. El Ministerio Público lleva inmerso en las 17.000 causas abiertas en toda la provincia de Alicante desde que entrara en vigor, en diciembre del año pasado, la nueva y polémica Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) aprobada por el Ejecutivo central. La tarea ha obligado a revisar procedimientos uno a uno para evitar que cayeran en la prescripción, ya que la normativa limita el plazo de investigación a los seis meses de duración.

En la provincia de Alicante se han podido inspeccionar la mayoría de asuntos, alrededor del 97%, según las fuentes de la Fiscalía consultadas por este diario. El trabajo no ha resultado nada fácil, pues la demarcación que cubre la Fiscalía Provincial abarca la capital y Elda, Novelda y San Vicente del Raspeig. A dicha circunscripción hay que sumar las fiscalías de área de Elche, que incluye también Orihuela, y la de Benidorm y Dénia, así como las secciones territoriales de Alcoy, que cubre igualmente los partidos judiciales de Ibi y Villena, y la sección de Torrevieja.

Todo un reto que ha planteado diferentes metodologías de trabajo en función de las necesidades. Así, los fiscales han ido haciendo acopio de los procedimientos que los juzgados remitieron o, en su defecto, eran los representantes del Ministerio Fiscal los que acudían a los órganos instructores a por las causas vivas.

La Fiscalía Provincial de Alicante celebró ayer una Junta de Fiscales para tratar la medida y cuáles son los principales escollos con los que se han topado a lo largo de estos primeros seis meses. Cabe recordar que las causas corren riesgo de vencer sus plazos después del 6 de junio.

El hecho del fin del primer plazo a comienzos de este mes motivó que el fiscal jefe de Alicante, Jorge Rabasa, diera prioridad a esta tarea de revisión a fin de que ningún procedimiento cayera en la prescripción y su correspondiente archivo. Sin embargo, existe el temor de que en los pueblos más pequeños puedan quedar ocultos asuntos.

Esta circunstancia ha mantenido a una plantilla de cien fiscales, así como funcionarios adscritos al Ministerio Público, sumergida en el afán de revisión. Todo ello, «en perjuicio de otros cometidos» con menor urgencia que la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, como informó ayer Jorge Rabasa.

Mientras, la Fiscalía General del Estado ha reforzado al cuerpo de acusadores alicantino con cuatro fiscales y un funcionario. Los representantes del Ministerio Público se han repartido en estos seis meses entre Alicante, con dos de ellos, Benidorm y Torrevieja. Pese a que toda ayuda es buena, las fuentes consultadas insisten que la provincia es uno de los territorios con más causas abiertas del país, por lo que otros asuntos han tenido que quedar desatendidos para cumplir con los tiempos legislativos.

Por a ello, Rabasa aseguró a este diario tras el encuentro celebrado en la Audiencia Provincial de Alicante que los medios han resultado «claramente insuficientes», tanto a nivel personal como material. De hecho, las discrepancias informáticas han supuesto una barrera difícil de sortear para no abocar procedimientos al archivo. El programa con el que la Fiscalía maneja el registro de casos, de ámbito estatal, no coincide con el de los juzgados, autonómico. Ambos son incompatibles

La medida, y el trabajo que ha conllevado, ha provocado además ciertas tiranteces entre los representantes del fiscal y los letrados de la Administración de Justicia (antiguos secretarios judiciales) por las causas existentes, un rifirrafe que tuvo trascendencia nacional. Esto ha hecho, unido a las desavenencias con los programas informáticos, que las cifras oficiales de procedimientos abiertos no coincidieran con el de los juzgados. Las asociaciones de secretarios mostraron su malestar por las críticas recibidas.

Si bien los roces han existido, el fiscal jefe alicantino, en lo que respecta a la provincia, aseguró que «gracias a la relación personal» entre los fiscales y «las personas que trabajan en los juzgados a los que están adscritos» han permitido que la revisión se haya podido completar casi por completo. En el caso de los procedimientos que por los impedimentos han quedado en la lista de pendientes, la fórmula aplicada ha sido la indicada por la Fiscalía General del Estado: solicitar al órgano instructor que se declare compleja. Una medida genérica que llegó en forma de circular y que ha valido para casos excepcionales independientemente de si se trata de un hurto.