Esther Brotons
Martes, 7 de junio 2016, 01:35
Un nuevo enfrentamiento entre el Gobierno y la Generalitat. Primero fue por la sanidad universal y la recuperación de la atención a los inmigrantes irregulares en la Comunitat, luego por la eliminación del copago a pensionistas y discapacitados y ahora es por la formación de los estudiantes de Ciencias de la Salud de las universidades privadas. El Gobierno reprochó ayer al Consell que les prohiba hacer prácticas en la red sanitaria pública.
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El ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, instó ayer a la Generalitat a rectificar la medida. «Me parece una mala decisión y les pedimos que la reconsideren», señaló Méndez de Vigo a las puertas de su departamento. El titular de Educación explicó que España cuenta con un sistema que funciona bien, donde están la enseñanza pública, la concertada y la privada.
Méndez de Vigo destacó que este sistema «permite garantizar la libre elección de los padres a la educación de los hijos, que es muy importante» y se mostró partidario de «no entorpecerlo por motivos ideológicos». Esta es una de las cuestiones que debe formar parte del futuro pacto por la educación, añadió el ministro, quien estimó que «si las cosas funcionan bien, no hay que cambiarlas y en la Comunitat funcionaban bien».
Es la segunda vez que el Gobierno interviene, en unas pocas semanas, en polémicas generadas en el sistema educativo. El presidente en funciones, Mariano Rajoy, hizo un alegato hace unas semanas en Valencia sobre la defensa de la libertad de elección de las familias ante la rebelión de la concertada por el arreglo escolar. Un discurso -el de la libertad de elección- al que ha vuelto a referirse el ministro.
Desde la Generalitat han insistido en que solo cumplen con la ley. Así se han manifestado el presidente, Ximo Puig, la vicepresidenta, Mónica Oltra, y los consellers de Educación y Sanidad, que han garantizado las prácticas de los estudiantes de la privada, pero en hospitales privados. Denunciaron, para justificar la prohibición, «graves irregularidades» en los conciertos firmados para hacer prácticas y afirmaron que debían adaptar el marco legal al nuevo real decreto 420/2015, que fue aprobado por el PP.
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La medida ha causado también malestar en algunos colectivos profesionales. El Colegio de Fisioterapeutas de la Comunitat pidió ayer al Consell que «reconsidere y module» esta decisión por el «bien, tanto de los pacientes como de los futuros profesionales sanitarios».
El colegio hizo referencia a que el decreto recoge en su anexo II «una importante, y a nuestro juicio necesaria, norma reglamentaria». En virtud de esta norma, «las universidades deberán contar al menos con un hospital y tres centros de atención primaria (de titularidad pública o privada) con base en un concierto en el caso de las universidades públicas o en un convenio en las privadas». Este hecho, aseguraron, «garantiza la adecuada formación de los futuros profesionales, en la que las prácticas clínicas son de incuestionable necesidad». «Limitar el acceso a esas prácticas de manera global a los estudiantes de las universidades privadas lo único que consigue es perjudicar, en última instancia, al estudiante y al futuro paciente», añadieron.
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