Llorens achaca a la presión vecinal el inicio de las obras de Magallanes sin licitar

El que fuera vicealcalde del Ayuntamiento de Alicante, Andrés Llorens, se sentó ayer en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial por las irregularidades de la reforma de la Plaza Magallanes. El antiguo concejal del PP de Atención Urbana debía responder por los presuntos delitos de prevaricación y falsedad en documento público porque las obras en el barrio de La Florida se ejecutasen sin adjudicar el contrato, pues la empresa que acometió los trabajos principales asumió la remodelación antes siquiera de que el exconcejal firmara el decreto de licitación provisional. Un extremo que reconoció y que, según dijo, «asumimos porque no me hubiera perdonado que pasara algo grave» por motivos de seguridad.

Asimismo, sostuvo que se trataba de un trámite «a falta de días», pero que, por una suerte de desgraciadas circunstancias, se postergó hasta el día de la inauguración de la plaza. Se trataba además de unos días en los que el Plan E del Gobierno, obras también bajo la lupa de un juzgado de instrucción, asomaba para financiar decenas de proyectos, lo que «saturó» a la Concejalía, dijo.

Persecución «política»

Llorens se escudó en su confianza en los funcionarios y en la presión vecinal para eludir cualquier responsabilidad penal. Además, aseguró ser víctima de una confabulación socialista gestada «hasta conseguir apartarme de la carrera política», pues sostuvo ante el tribunal que «cercenaron las posibilidades que tenía» a raíz de que la denuncia presentada por la exportavoz del PSOE Carmen Sánchez Brufal le llevara directo al banquillo de los acusados.

Se trata de unos hechos que se remontan a entre los años 2007 y 2009 por los que la Fiscalía Anticorrupción le reclama al que también fue responsable de Fiestas una pena de tres años entre rejas y siete de inhabilitación. Además, junto a Andrés Llorens se sienta en el banquillo de la Sección Décima el exjefe de servicio de Atención Urbana Víctor López, para quien reclama idéntica pena de cárcel, al igual que para dos técnicos encargados de la revisión de las obras y la reforma. Mientras, el gerente de la firma adjudicataria, Coinger SL, se enfrenta a dos años de prisión y otros tres y medio de inhabilitación.

El extenso interrogatorio del Ministerio Fiscal, a quien respondieron todos los acusados a diferencia de a la acusación particular, valió para tratar de dejar constancia del desconocimiento del concejal delegado del funcionamiento del área. Así lo expuso él mismo, al asegurar que recaló en Atención Urbana procedente de Fiestas, «donde no se firman contratos», por lo que «las circunstancias de los procedimientos administrativas me eran extrañas». Por ello, tomó las riendas de las decisiones políticas, pero en ningún caso, dice, tomó parte de todo lo demás.

Una vez el PP obtuvo mayoría absoluta en el Ayuntamiento en mayo de 2007, el concejal decidió dar respuestas a las peticiones de acondicionar la plaza en La Florida con una fuente y una rampa de acceso a la iglesia sobre las obras ya contratas con Coinger SL. Peticiones procedentes de los vecinos del barrio, «muy reivindicativos e independientes», señaló. Unas críticas que traspasaban el despacho de Llorens a los medios de comunicación, por lo que motivaron las prisas, como explicó. La inclusión de estos elementos supuso que las obras pasaron de costar 123.000 euros a 227.000, un 85% más, según detalla el Ministerio Público.

La reforma se inauguró el 11 de mayo de 2009, fecha en la Llorens firmaba el decreto de adjudicación provisional, y no sería hasta junio la definitiva y en julio la rúbrica del contrato y el acta de comprobación de replanteo, sostiene el Ministerio Público. Es decir, que se operó sin licitar.

Tanto el responsable político como el técnico se enteraron años después de que esto sucedió así, según sostuvieron ayer ante el tribunal, y por la prensa. Solo así supieron, dicen, que la empresa había avanzado «por su riesgo y ventura» con las obras complementarias al proyecto original antes incluso de que el Ayuntamiento se hubiese decidido por una de las tres firmas a las que ofreció estos trabajos extras, según señalaron Llorens y López, representado por el letrado José Manuel Alamán.

Entretanto, el responsable directo de revisar las obras in situ, ingeniero técnico y por aquel entonces integrante de Atención Urbana como personal laboral, dijo que sí que sabía que se ejecutaron obras sin que se hubiera firmado el acta de replanteo (trámite que marca el inicio de las obras).

El responsable de la firma implicada, defendido por el letrado Pablo Martínez Aliaga, adujo que todas las actuaciones se llevaron a cabo «de buena fe y de forma legal», además de que «no era consciente de que no estaban adjudicadas las obras».