Briones: «En las obras de Magallanes no se siguió ningún procedimiento»

La fuente de la Plaza de Magallanes, en el alicantino barrio de La Florida, se encontraba instalada y en pruebas el 17 de marzo del año 2009. Así lo indicaron el responsable de la empresa que la colocó, autor de la fotografía que ese mismo día colgó en la web de Alicante Vivo, y el director de la obra de la empresa adjudicataria, Coinger SL. Su licitación no se materializó de forma definitiva hasta el 16 de julio. «No se trató de hacer la vista gorda», expuso el fiscal Anticorrupción en su turno para formular su informe final, «sino que se amparó, se aseguró que esas obras valdrían y que quien las hizo sería el adjudicatario». Y eso, recalcó el fiscal Felipe Briones, «es prevaricar».

La Audiencia Provincial acogió la segunda sesión del juicio contra el exedil de Atención Urbana, el popular Andrés Llorens, y el antiguo el jefe de servicio, Víctor López, así como los directores municipales de la obra principal y la complementaria y el gerente de la constructora que llevó los trabajos a término.

El Ministerio Público no alberga dudas de que la actuación del entonces concejal es merecedora de los tres años de prisión que le reclama y los siete de inhabilitación. El fiscal cosió un relato final en el que asentó la acusación mantenida desde el inicio del juicio fruto de los tiempos en los que se acometió la obra complementaria de la plaza y los pasos administrativos para su licitación.

«No se siguió ningún procedimiento», aseguró Briones, quien añadió que cuando se hizo «ya era demasiado tarde». Igualmente, el fiscal sostiene que se «adulteró la realidad» cuando el director de la obra firmó el documento en el que se daba inicio a la ejecución de las obras, el 16 de junio de 2009, cuando ya estaban terminadas e inauguradas.

Antes que él, desfiló ante el tribunal de la Sección Décima de la Audiencia Provincial el director de la obra de la empresa adjudicataria del proyecto original y que, a la postre culminó también los trabajos complementarios que exigían los vecinos. El testigo se ciñó a mantener en todo momento que las instrucciones recibidas fueron que las obras complementarias se les atribuirían de forma directa y que les asistía la ley para seguir con ellas. De haber paralizado el proyecto habría perdido unos 11.000 euros mensuales.

Entretanto, el Consistorio no les otorgó la adjudicación, como sostienen las acusaciones. Es más, invitaron a otras dos firmas a concluir las obras complementarias.

Mientras, la denunciante de los hechos, la exportavoz del grupo socialista Carmen Sánchez Brufal, atestiguó los pasos que siguió cuando puso en conocimiento de la Fiscalía la posible comisión de un delito. «Quería evitar que se cometiera una irregularidad al adjudicar una obra ya hecha», indicó. Primero, explicó que trató de que el edil explicara lo ocurrido, «pero su comparecencia fue denegada», y presentó un recurso de alzada que fue rechazado.

Sobre su participación en el proceso, la defensa de Llorens, así como el propio Llorens, han señalado que la denuncia se trató de una confabulación «para apartarle de la política». Por ello, los procesados eludieron el lunes responder a preguntas del letrado de la acusación particular. Briones reconoció su derecho a ello, pero, según dijo, «no tienen derecho, si se trata de una denuncia política, a cuestionar si el instructor, el fiscal y esta Sala son correo de transmisión» de la misma.

Quienes echaron un capote a Llorens fueron los representantes de la Asociación de Vecinos La Voz de la Florida, como la presidenta entonces, Felicidad Sánchez, y el secretario, José María La Mata. «Presionamos porque no había fuente», aseguró ella, quien añadió que «le dijimos al concejal que los niños se metían en la obra». La mujer dijo tener un cargo de conciencia porque «si no hubiéramos movido tanto, no se enfrentaría a la cárcel».

Sin embargo, el fiscal responsable del caso en su alegato final resultó claro al respecto al calificar de «pacíficas» y «legítimas» las presiones ejercidas por el barrio en forma de cartas a los medios de comunicación y visitas al despacho del edil delegado. «Tienen derecho a clamar, pero tenemos que darle la forma correcta» a las reivindicaciones. «Nos debemos a los ciudadanos», sentenció el fiscal Anticorrupción, «pero haciendo las cosas legalmente».